Este proyecto busca revertir la situación socioeconómica del departamento de La Guajira, así como salvaguardar el patrimonio de las comunidades de Manaure.
Al proyecto solo le hacen falta los debates en plenarias de Cámara y Senado para convertirse en Ley de la República.
El objetivo es la reorganización de SAMA, a través de la capitalización de acreencias, la descarga de pasivos y pactos de deuda sostenible.
Bogotá, 12 de junio de 2024.
El proyecto de ley con el que el Gobierno del Cambio busca la reactivación empresarial, reorganización y capitalización de las Salinas Marítimas de Manaure, en La Guajira, fue aprobado en primer debate por las comisiones cuartas conjuntas del Congreso de la República.
Dado que la iniciativa se tramita con mensaje de urgencia, pues el Gobierno del Cambio busca contribuir con la industrialización y a mejorar la situación socioeconómica del departamento, le restan dos debates, los de las plenarias de Cámara de Representantes y Senado de la República.
La iniciativa, presentada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prevé darle viabilidad económica a la empresa y generar beneficios económicos para la comunidad de toda la región.
Así mismo, revertir la situación socioeconómica del departamento, salvaguardar el patrimonio de las comunidades de este municipio, preservar los empleos existentes y generar nuevos puestos de trabajo en La Guajira.
“Para el Gobierno del Cambio es muy importante este respaldo del Congreso de la República a este proyecto en La Guajira, ya que nos permitirá realizar acciones e inversiones clave, que no solo impulsen el desarrollo productivo en la región, sino que contribuyan al crecimiento económico y a reducir las brechas sociales en el departamento, a la generación de oportunidades que contribuyan a la justicia social y a la protección del patrimonio público”, destacó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández.
La iniciativa plantea un proceso que contempla tres pasos: la capitalización de acreencias, mediante la suscripción voluntaria de acciones, bonos de riesgo y otros mecanismos; la descarga de pasivos, en la que el acuerdo de reorganización podrá disponer la descarga de aquella parte del pasivo que exceda el valor de la empresa como negocio en marcha y los pactos de deuda sostenible, bajo los cuales se contemple la reestructuración o reperfilamiento de las obligaciones a favor de las entidades financieras.
Es importante mencionar que el proyecto desarrolla el fortalecimiento patrimonial de las Salinas, con la habilitación general para que el Gobierno pueda capitalizar la empresa, a través de diferentes modalidades como aporte en dinero o en especie. Esto constituye una innovación en el país, ya que hasta el momento solo se contaba con un régimen que permitía este tipo de actuaciones entre los niveles central y descentralizado, pero del mismo orden territorial.
El proyecto detalla que la capitalización debe ser aprobada por el órgano máximo de administración de la sociedad.
Por último, el Gobierno aclaró que no adelanta este proceso bajo la ley 550 de 1999, debido a que, aunque esta norma plantea la reestructuración de las empresas para atender sus obligaciones de pago, dificulta la reorganización de la unidad productiva.
