La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto pronunciarse sobre las recusaciones a tres de sus integrantes en el caso de la investigación a la campaña de Gustavo Petro en 2022, por las supuestas irregularidades en la financiación. Hasta definir si las acepta o rechaza, no puede comenzar el estudio de la ponencia que radicaron los magistrados Prada y Ortiz, en la que piden formular cargos al hoy mandatario.
El CNE tiene establecido hoy por agenda hacer sala plena; sin embargo, para el tema de las recusaciones es posible que no se pronuncie porque si bien ya cuenta con las ponencias por las acciones que se presentaron para que los magistrados Álvaro Prada y Fabiola Márquez se aparten de la investigación a la campaña porque estarían impedidos para participar, no ha sido radicada la ponencia de la recusación a Olga Velásquez.
Entonces, la Sala Plena del CNE preferiría esperar a la próxima semana si tiene las respectivas tres ponencias, cuando resolvería si acepta estas recusaciones o las rechaza en caso de que las encuentre improcedentes.
Congresistas del Pacto Histórico, coalición de fuerzas políticas que oficia como partido de Gobierno, recusaron el pasado 8 de mayo al magistrado Prada por “la evidente vulneración al principio de imparcialidad y la violación al régimen de conflicto de interés”, según señaló la colectividad en un comunicado.
Agrega el Pacto Histórico que hay evidencias que dan cuenta de la “animadversión del magistrado contra el presidente, su campaña y el proyecto político que lidera”. Además, recuerda que Prada en el caso de Álvaro Uribe Vélez afronta un juicio en la Corte Suprema por “presunto soborno en actuación penal en calidad de cómplice”.
Cabe recordar que Prada fue uno de nueve magistrados elegidos para el CNE por el Congreso en agosto de 2022, en su caso promovido por el Centro Democrático, partido de oposición del cual también fue representante a la Cámara.
Desde hace años se ha planteado, sin éxito, reformar el sistema de elección de los magistrados del CNE por el origen político que tiene, pues está a cargo del Congreso que elige de aspirantes que proponen los partidos por medio de sus bancadas.
Del mismo modo, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, el pasado 15 de mayo recusó ante el CNE a Fabiola Márquez y Alba Velásquez, quienes fueron elegidas magistradas a nombre del Pacto Histórico. El parlamentario señala en su escrito que el propósito de esta recusación es que sean apartadas del quórum que “integrará la Sala Plena en la cual se analizará y decidirá la aprobación del proyecto de formulación de cargos”.
Cadavid dice que Velásquez tiene un interés particular que afecta la imparcialidad en la decisión que debe tomar como magistrada, debido a “la participación directa” en la “campaña del señor Petro para llegar a la presidencia”.
En lo que corresponde a la magistrada Fabiola Márquez, el legislador uribista sostiene que ella tiene amistad con Petro, lo que puede afectar “la imparcialidad objetiva que debe prevalecer en todo proceso”.
Adicionalmente, recuerda que ella trabajó en la administración durante la alcaldía de Petro en Bogotá como gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, directora encargada de la Unidad Administrativa Especial (Uaesp), jefa jurídica de los Bomberos, asesora de la Alcaldía Mayor y directora de Defensa Judicial y de Control de Gestión de Aguas.
Se ha conocido que las dos ponencias en manos de la Sala Plena coinciden en considerar infundados los motivos de las respectivas recusaciones que piden que Prada y Márquez se aparten de la investigación a la campaña petrista.
El caso
Una vez que la Sala Plena resuelva las recusaciones, sea permitiendo que Prada, Velásquez y Márquez sigan participando en el expediente que se abrió contra la campaña presidencial en 2023 por el tema de la financiación, o en su defecto que los reemplacen conjueces, se ocupará de estudiar la ponencia que pide abrir una investigación y formular cargos a Gustavo Petro.
La ponencia, producto de una investigación que llevaron a cabo Ortiz y Prada por más de 10 meses, pide también formular cargos a Ricardo Roa Barragán (hoy gerente de Ecopetrol), en calidad de gerente de la campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; al movimiento político Colombia Humana y el Partido político Unión Patriótica por presunta violación de topes y dudoso origen de algunos recursos.
