A la investigación que ya viene desarrollando la Procuraduría, por las presuntas irregularidades en la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas, se le sumó la Fiscalía, la cual busca esclarecer los errores en el proceso que llevó a la toma de la entidad prestadora de salud.
El ente de control inició el proceso para determinar la veracidad en los hechos que denunciaron los representantes legales de la EPS, el cual se adiciona también a un proceso que se encuentra en el despacho de Fiscalía Anticorrupción en la seccional de Bogotá.
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El abogado de Sanitas manifestó que esta investigación se origina a partir de una indagación de oficio y una denuncia por el delito de prevaricato, presentada por él mismo como representante legal de la EPS. Según él, esta acción busca cuestionar la legalidad y la proporcionalidad de la resolución de intervención emitida por el superintendente nacional de Salud.
La investigación de la Fiscalía se encuentra en una fase inicial de recopilación de evidencias, incluyendo testimonios de los implicados y revisión de documentación pertinente. La finalidad de esta investigación es determinar la legalidad y proporcionalidad de la resolución de intervención emitida por el superintendente nacional de Salud, así como evaluar el impacto real de esta intervención en los afiliados de Sanitas.
Esta etapa es fundamental para determinar si existieron irregularidades en el procedimiento, especialmente considerando las implicaciones que tiene para los millones de usuarios de la EPS.
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Al respecto, el abogado de Sanitas anunció una serie de acciones legales y constitucionales para cuestionar la intervención y sus posibles efectos negativos en la prestación de servicios de salud. Estas acciones incluyen medidas a nivel nacional e internacional, buscando un escrutinio exhaustivo de lo ocurrido y buscando resguardar los derechos de los afiliados.
“La investigación se va a orientar a verificar si los motivos que originaron la intervención forzosa son los motivos básicos o necesarios, con soporte argumentativo y con la proporcionalidad debida para llegar a esa decisión de manera inmediata. Eso, por un lado. Por otro lado, la Procuraduría tiene la parte preventiva, la misionalidad preventiva. Bajo ese trabajo preventivo, tenemos la obligación constitucional, como vigilantes de las entidades públicas”, explicó la procuradora Margarita Cabello.
“En sus redes sociales ha hecho comentarios (el Superintendente) y ha tomado posiciones que demuestran con claridad la animadversión no solo frente a la EPS, sino que tiene frente a la concepción del sistema de salud del país, eso lo hace un funcionario que no pueda estar con objetividad cuando tiene que tomar una decisión como estas y esa es la razón por la que también lo hemos recursado, para que se separe del conocimiento de este asunto”, señaló la EPS.
