El Defensor del Pueblo, tras una visita hecha en días pasados por funcionarios de la entidad de derechos humanos a cuatro municipios de La Guajira, llama la atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues fue evidenciado cómo ese grupo etario del pueblo indígena dejó de recibir servicios de atención integral desde finales del 2023.
Pese a lo ordenado por la Corte Constitucional, la vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de la niñez en el departamento no mejora.
Hace más de seis años que la Corte Constitucional, con la Sentencia T-302 de 2017, declaró el estado de cosas inconstitucional para que el pueblo Wayú tenga una protección especial de varios de sus derechos fundamentales; sin embargo, la respuesta institucional no ha sido la esperada.
“En una visita que realizamos entre el 22 y 26 de abril pasado a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, observamos con preocupación que la situación relacionada con la vulneración de derechos de las niñas y los niños wayús empeora por la falta de diligencia y actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El equipo de profesionales de la Defensoría evidenció que las y los menores de cinco años no están recibiendo los servicios de atención a la primera infancia del ICBF desde el 15 de diciembre del 2023. Son cerca de cinco meses sin recibir atención integral, incluido el complemento nutricional. Algunos de ellos tendrían desnutrición y bajo peso, motivo por el cual les fue activada de manera inmediata la ruta de atención.
“Niños wayús entre cero y cinco años están siendo alimentados únicamente con chicha. Razón por la cual han perdido talla y peso. Esta situación es simple de verificar si se le solicita al Instituto el reporte de talla y peso de diciembre del 2023, y es comparado con el que genere al momento en que de nuevo inicie con la entrega de alimentación para ese grupo etario”, reclama Camargo Assis.
Lo anterior también evidencia que todo el esfuerzo institucional de recuperación nutricional, remarca el Defensor, “a través de los programas implementados por Bienestar Familiar, realizado en los años anteriores, se fue al traste, ya que fueron suspendidos los servicios sin implementar nuevos programas. Se perdió la continuidad”.
Los reparos al PAE
Las instituciones educativas cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pero no tiene la cobertura para todos los niños, niñas y adolescentes (NNA). En muchos casos, los docentes tratan de reducir las porciones para que la totalidad de los niños pueda comer algo, pues muchos solamente van por el alimento a la escuela, y en algunos casos es la única comida del día.
Las autoridades de la comunidad manifestaron que las minutas del PAE no tienen en cuenta los usos y costumbres de la comunidad Wayú.
Deficiencias en materia educativa
Las comunidades visitadas refieren que el kit educativo, el cual consta de cinco cuadernos, regla, lápiz, borrador, resma, colores, etc., fue entregado por última vez en julio de la vigencia pasada.
Los NNA que no cuentan con transporte escolar deben desplazarse, caminando o en moto, distancias hasta de dos horas. Se estima que alrededor del 80% de quienes terminan básica primaria no continúa con sus estudios en razón a que debe acudir a centros educativos más lejanos y de difícil acceso.
Problemas en la prestación del servicio de salud
Las 17 comunidades indígenas de los cuatro municipios visitados, conformadas según sus autoridades y líderes, por más de 1000 niños y niñas menores de cinco años, 50 mujeres embarazadas, 90 mujeres lactantes y más de 300 menores de seis a 14 años, deben desplazarse hasta centros urbanos para acceder a los servicios en salud, pero no cuentan con dinero.
En relación con las brigadas de salud, las cuales serían realizadas solamente una vez al año, muchos NNA, mujeres embarazadas y lactantes y personas mayores quedan sin atención, pues están afiliados a varias EPS y en ocasiones solo les prestan servicios a los afiliados de las mismas EPS que hayan contratado las IPS que los visitan en los territorios.
Además, siguen las quejas por la falta de humanización en los servicios: largas esperas para la atención y entrega incompleta de medicamentos, los cuales se pierden, ya que, por lo general, por cuestiones económicas no pueden regresar a reclamarlos.
Las falencias con el suministro de agua
Las comunidades tampoco cuentan con el suministro de agua potable ni con una fuente para su abastecimiento, deben caminar largas distancias para ir hasta donde están los pozos, y, en muchos casos, es líquido verdoso y cargado de barro. Adicionalmente, la entrega hecha con carrotanques es una medida paliativa que no satisface las necesidades mínimas de la población Wayú.
“Nos preocupa la falta de suministro del recurso hídrico, así como la ausencia de respuesta a los requerimientos que les hemos elevado a las entidades pertinentes. En marzo oficiamos a Esepgua, con el fin de solicitarle información puntual sobre su trabajo en ciertas comunidades, y hasta la fecha no hemos recibido respuesta, aun cuando efectuamos una reunión con representantes de esa empresa el pasado 23 de abril”, llama la atención el Defensor del Pueblo.
Sea esta la oportunidad para hacerles un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, recalcó Camargo Assis: “Implementen las medidas definitivas que permitan solucionar las diferentes problemáticas que enfrenta la niñez en La Guajira. Denle cumplimiento de una vez por todas a lo que dicta la Sentencia T-302 de 2017”.
