La Fiscalía General no solo tiene pendiente recibir el testimonio de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres, para revisar si les otorga a ambos un principio de oportunidad que les garantice inmunidad a cambio de contar todo lo que saben sobre la denuncia de corrupción más grave en la administración Petro.
También está pendiente que sean escuchados los contratistas de los famosos carrotanques quienes recibieron 46.800 millones en octubre de 2023, antes de las elecciones locales. Según el testimonio que entregó Sneyder Pinilla hace dos días, esos empresarios le entregaron, a él, dinero en tulas para sobornar a los presidentes del Congreso; Iván Name y Andrés Calle saben la exactitud del soborno.
Los empresarios estarían prestos a testificar cómo funcionaba el esquema de robo y sobrecostos en la entidad.
El periódico EL COLOMBIANO estableció que a la historia le falta dinero, nombres y hechos claves que continuarán revelándose con las declaraciones y las evidencias entregadas a la Fiscalía en los próximos días. No habría sido un soborno de 4.000 millones de pesos, como dijo Sneyder Pinilla a varios medios de comunicación la semana anterior, repartidos supuestamente en 3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle.
El soborno de este contrato, que se ganó la empresa Impoamericana Roger SAS, habría sido por $7.700 millones, que corresponden al 15 % de los $46.800 millones del total, y fueron entregados por los contratistas en tulas negras a Sneyder Pinilla.
Aunque Pinilla aseguró que el soborno se entregó a Name y Calle (ambos congresistas lo niegan) en octubre porque se iba a usar en las elecciones locales, los empresarios aseguran que entregaron el dinero en efectivo al exsubdirector en enero de este año, lo que significa una contradicción que debe ser aclarada por la justicia.
La historia es enredada como suelen ser las licitaciones en Colombia, pero se desenmaraña fácil. Bajo el decreto presidencial para la emergencia climática en La Guajira, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) realizó una licitación exprés, bajo las reglas de la contratación privada y sin estudios, para la compra de 40 carrotanques que, se suponía, iban a llevar agua potable a poblaciones indígenas en condición de vulnerabilidad en La Guajira.
