A la Fiscalía General llegó una comunicación en la que el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, solicitó acogerse a un principio de oportunidad. Pide “establecer canales de comunicación para contarle al país, a la justicia y en especial al departamento de La Guajira, lo que realmente sucedió y quiénes participaron”.
Se trata del primer exfuncionario, implicado en el escándalo, que aportará información nueva y relevante para llegar al fondo de uno de los mayores hechos de corrupción en el actual gobierno.
Este acercamiento con la justicia fue tramitado por medio de su abogado, Luis Gustavo Moreno, un jurista muy recordado por haber sido condenado por hechos de corrupción cuando paradójicamente se desempeñaba como fiscal anticorrupción. Moreno, fue extraditado a Estados Unidos donde pagó su condena. Al regresar al país y con sus deudas con la justicia saldadas, retomó su ejercicio profesional, ahora liderando la defensa de Pinilla.
En el documento, Moreno solicita que a su cliente se le garantice la seguridad e integridad física, al igual que a toda su familia.
El principio de oportunidad surte cuando el implicado colabora con la justicia con el suministro de información, sirviendo como testigo en contra de otros implicados, a cambio de beneficios jurídicos como reducción en la pena y otros.
Finalmente, solicita el abogado una reunión urgente con la fiscal 79 especializada para concretar el acogimiento.
El pasado 6 de marzo, Sneyder Augusto Pinilla, presentó la renuncia a su cargo, en medio de graves cuestionamientos por presuntas irregularidades con la adquisición de carrotanques para el abastecimiento de agua potable en La Guajira y otros territorios afectados por la falta del insumo vital.
El ingeniero civil Pinilla, quien en el pasado fue alcalde de Sabana de Torres (Santander), estuvo en el cargo desde junio del año pasado.
Pinilla y otras seis personas, entre las cuales se encuentra el exdirector Olmedo López Martínez, fueron denunciados ante la Fiscalía por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, por presuntos sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques.
