Tras semanas de estancamiento, y a pesar de que se creía que podría correr la misma suerte que la de salud, la reforma pensional tomó finalmente vuelo en el Senado.
La plenaria de esa corporación aprobó esta semana 58 artículos de la reforma, lo que representa poco más del 60% de todo el proyecto que pretende cambiar estructuralmente buena parte del sistema pensional actual. El lunes volverá a arrancar la deliberación en medio de una propuesta que generó tranquilidad en buena parte de los bandos políticos: el papel del Banco de la República.
El consenso consiste en que el fondo que administrará las pensiones en el pilar contributivo que propone la reforma pensional tendrá un comité directivo conformado por los ministerios de Hacienda y de Trabajo, el Departamento Nacional de Planeación, cuatro expertos seleccionados por la junta directiva del Banco de la República y la presidencia de Colpensiones.
Se trata de un fondo clave, pues será el encargado de organizar todo el dinero que entrará al nuevo régimen público, que llega para buscar complementariedad, no oposición, con las administradoras de fondos privados. Ese es quizá uno de los cambios más radicales que el Legislativo aprobó para el futuro de las reglas pensionales, dado que rompe con los dos regímenes actuales.
Actualmente, el país cuenta con dos formas de cotizar semanas de pensión que, como lo explica el abogado Iván Jiménez, del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, compiten entre sí. La reforma, entonces, “elimina uno de los factores de complejidad” del sistema actual, porque permite que el país logre un ahorro un poco más estable.
En total, con la futura reforma Colombia tendría cuatro pilares que garantizarían un aporte económico para quienes lleguen a la vejez. Uno de ellos será el pilar solidario, que recoge a las personas mayores que no logren tener una pensión y que podrán tener un subsidio que coincida con la línea de pobreza extrema de 2023 más un aumento que se calcule con la inflación anual.
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El pilar semicontributivo será el segundo, y cubrirá con una prestación económica a las personas que superen la edad reglamentaria de pensión —llegando, igual que en el solidario, a 65 años en los hombres y 60 para las mujeres, o a 50 años para mujeres con discapacidad y 55 para hombres con la misma condición— que cotizaron entre trescientas y menos de mil semanas.
El problema para pagar esos dos tipos de pilares en el futuro será, de acuerdo con el docente de Derecho Laboral Carlos Prieto, que el Estado tendrá que tomar recursos que vengan de impuestos, entendiendo que no bastará con lo recaudado en medio del ahorro netamente pensional, pese a que el umbral de cotización en el pilar contributivo es lo que garantiza “cierta sostenibilidad” en el sistema.
Ese pilar contributivo es el tercero al que la reforma quiere llegar. La potencial ley lo define como el destinado a cubrir a toda persona trabajadora, dependiente, independiente o con capacidad de pago, que cotice en el sistema de pensiones un salario mínimo legal o más. O sea, cualquier persona que esté contabilizando semanas para poder jubilarse.
