Este 12 de marzo, un grupo de siete senadores de la Comisión Séptima presentaron una ponencia negativa a la reforma a la salud gubernamental. En el documento se recopilan varias razones para rechazar la iniciativa, destacándose el retroceso en términos de derechos adquiridos, limitando la libertad de elección de los usuarios en cuanto a proveedores de servicios de salud, sin establecer claramente la atención al paciente ni la entrega de medicamentos. Esto, argumentan, pone en peligro la salud y la vida de millones de colombianos, especialmente aquellos que requieren atención continua para enfermedades de alto costo.
El grupo está integrado por Lorena Ríos Cuellar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín (Partido Conservador) y Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Berenice Bedoya (Partido ASI).
Además, los senadores criticaron la reforma por carecer de un aval fiscal y mostrar una insostenibilidad financiera, señalando la falta de un concepto positivo por parte del Ministerio de Hacienda y la ausencia de claridad en la cuantificación de costos y fuentes de financiación. También resaltaron que la reforma ignora los logros del sistema de salud actual, introduciendo incertidumbre sobre la atención al usuario, el pago de incapacidades y licencias, y omitiendo la regulación del procedimiento de medicina laboral, lo que podría incrementar el gasto de salud para los hogares colombianos y elevar los índices de pobreza.
Finalmente, señalaron que la propuesta de reforma a la salud no garantiza la transparencia en el manejo de los recursos al centralizar los fondos de salud en una sola entidad pública sin las auditorías necesarias, y criticaron la falta de un consenso nacional, al no tomar en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil, las peticiones de pacientes y usuarios, ni las propuestas de expertos y actores del sistema.
Los senadores concluyeron que no apoyarían una reforma que, a su juicio, compromete los logros del sistema de salud colombiano, considerado uno de los mejores de Latinoamérica, y pone en riesgo el bienestar y la salud de la población.
Los elementos más destacados de la ponencia negativa de la reforma a la salud
El documento radicado para el debate consta de 177 páginas y 20 apartados. Algunos de los argumentos más relevantes son las problemáticas no resueltas en la reforma a la salud del gobierno, la falta de información contundente sobre el impacto financiero que representaría y los errores materializados del articulado.
“Se intenta confundir, en la reforma propuesta, mencionando el artículo 4 de la Ley estatutaria de salud, 1751 de 2015, sin actualizar de manera concreta, eficiente y directa el servicio público de seguridad social en salud, desde la óptica del aseguramiento y no del asistencialismos, para lograr de esta manera los cometidos de la ley estatutaria, se considera por el contrario, que esta reforma desconoce los avances del sistema general de seguridad social en salud como punto de partida irreductible para lograr la consecución del derecho a la salud”, se puede leer en sus primeras páginas.
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Para los senadores, la reforma a la salud arece de evidencia concreta que asegure una mejora significativa en la prestación de servicios, ni tampoco garantiza la superación completa de las deficiencias presentes en el modelo actual. Por el contrario, existe el riesgo de un retroceso en el derecho a la salud de los colombianos, debido a la ambigüedad en las responsabilidades asignadas, la falta de herramientas efectivas para garantizar los derechos de los usuarios, y una dependencia excesiva en el desarrollo y eficiencia de las redes de servicios de salud, sin una proyección clara de su implementación exitosa. Esto podría incrementar la demanda de más recursos humanos, económicos y tecnológicos, sin proporcionar los medios necesarios para asegurar la calidad del servicio de salud.
Adicionalmente, cuestionan el incremento en las responsabilidades que se asignarían al Ministerio de Salud y a la ADRES. La cartera sanitaria tendría a su cargo la habilitación de redes y CAPS, la coordinación sectorial e intersectorial, y el seguimiento y control de contratos con entidades de salud de diversa complejidad, haciendo del Ministerio un ente simultáneo: regulador y operador, requiriendo un proceso de fortalecimiento y reestructuración institucional. Sin embargo, este proceso de expansión y reestructuración no cuenta con el respaldo presupuestal necesario, ya que no posee el aval fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En la reforma a la salud del gobierno, la ADRES se convertiría en el único pagador del sistema, pese a su historial de incumplimientos en pagos e ineficiencia. Esta modificación propone el pago del 85% de las facturas sin una auditoría previa, una práctica que se desvía del modelo actual donde las EPS asumen el riesgo y garantizan la prestación de servicios tras una auditoría cuidadosa. Esta nueva metodología de pago sin verificación previa aumenta el riesgo de malversación de los recursos de salud, poniendo en peligro la sostenibilidad financiera del sistema y la calidad del servicio ofrecido a los colombianos.
El dilema en el uso de los recursos del sistema tampoco ofrece ninguna claridad. “Las EPS aseguran que la UPC y los PM no son suficientes y que el cálculo que usa el Gobierno en la definición de estos valores no está considerando el comportamiento real del gasto. Por su parte, las IPS y los proveedores de tecnologías de salud manifiestan que las EPS tienen una deuda enorme que está afectando su sostenibilidad. El Superintendente Nacional de Salud mencionó que la deuda de las EPS asciende a cerca de $11 billones (dato entregado en la sesión de la Comisión VII realizada el 6 de marzo de 2024)”.
