La Procuraduría General de la Nación dirigió una carta formal al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitando un informe detallado sobre la asignación y ejecución de cerca de 7 billones de pesos, contemplados en el Presupuesto General de la Nación para el año 2024.
La solicitud busca esclarecer diversos aspectos relacionados con los recursos asignados al Ministerio de Salud para el presente año fiscal. Una de las principales inquietudes recae en una partida inicial de 5 billones de pesos destinados al «apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993».
En este sentido, la Procuraduría enfatiza la necesidad de identificar los proyectos específicos a los que se asignarán estos recursos, así como obtener una planificación detallada de su ejecución desglosada por territorios y entidades beneficiarias. Solicitaron «remitir la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (Empresas Sociales del Estado beneficiadas)».
Además, se solicita información pormenorizada sobre otros 14 planes, programas o proyectos, representativos de cerca de 1 billón 871 mil millones de pesos. Este requerimiento incluye la petición de conocer el fundamento jurídico de dichas iniciativas, así como obtener detalles sobre la planificación de su ejecución por regiones y beneficiarios.
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Entre los programas que han suscitado especial interés se encuentran «Colombia como territorio saludable con APS» y «Determinantes sociales en el marco del modelo preventivo y predictivo». La falta de claridad en cuanto a los objetivos y la ejecución de estos programas ha motivado la solicitud de información por parte de la Procuraduría.
Por otro lado, el departamento de Justicia también busca esclarecer la conexión entre los recursos asignados y la reciente resolución que pretende implementar parte de la reforma a la salud. En particular, se busca determinar si los fondos destinados a programas de desarrollo de la salud financiarán el 5% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los equipos básicos de salud, un aspecto que ha generado controversias en el ámbito de la salud pública y que está pendiente de definición en el Congreso de la República.
