El último informe de la Contraloría sobre el inmenso déficit de las EPS, de 25 billones de pesos, y sus graves implicaciones para la salud de los colombianos me llevó a este comentario:
En la campaña presidencial de 2022, un médico amigo me preguntó: “Si sus debates en el Senado denunciaron fallas tan graves de las EPS Saludcoop, Café Salud y Medimás, ¿por qué en su programa no propone acabarlas, como sí lo plantea Petro?”. Le expliqué que no estaba pensando solo en los votos del sector de la salud –donde esa idea podía producir bastantes–, sino en gobernar bien, haciendo propuestas realizables, capaces de unir al país para poder sacarlas adelante, y que esa de Petro no era viable porque lo dividiría profundamente.
Debo reconocer que pocos me entendieron y que Petro sacó muchos votos en el sector con su propuesta, a la que tuvieron que renunciar el mismo día en que renunció, vencida por la falta de respaldo, Carolina Corcho, su ministra de Salud, verdad que muchos ignoran.
¿En qué va entonces la reforma de Petro? En que las EPS no se acaban sino que cambian de nombre a Gestoras de Salud y Vida, que harán ganancias de integración vertical sobre sus propias CAPS (IPS) entre las 2.500 que se crearán y los 80 billones de pesos del total de la UPC. Y en que la red pública hospitalaria y las EPS oficiales continuarán controladas por los clientelistas, con un solo cambio: los petristas también tendrán derecho a una parte de ese botín.
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Como el momento es propicio para insistir en una propuesta que unifique a los colombianos en una reforma a la salud que el país necesita –porque sin unir a la opinión pública no es posible sacar adelante una buena reforma–, menciono otros aspectos que señalé en 2022.
Lo primero es reconocer que los recursos del sistema de salud de Colombia son escasos. Porque por los 6.600 dólares de riqueza que se crea por habitante todo es escaso para muchos –salud, educación, vías, etc.–, así los neoliberales viejos y nuevos se hagan los locos. ¿Gasto en dólares por habitante en salud? Colombia: 495, aproximadamente, 11 y 9 veces menos que los de Alemania y Francia, por ejemplo.
Reducir entonces los costos del sistema de salud es imprescindible y urgente para que más plata vaya a donde debe ir, es decir, a mejorar el cubrimiento y la calidad de los regímenes contributivo y subsidiado y del sistema público hospitalario.
Para poder controlar los altos costos que debilitan el cubrimiento y la calidad del sistema –en un sector donde los monopolios los facilitan–, el Estado debe crear un eficaz sistema de vigilancia y control. De manera que las EPS e IPS privadas no caigan en corrupción ni en ganancias lícitas pero exageradas y que las instituciones públicas también tengan un comportamiento ejemplar.
Además, debemos unirnos para acabar con la integración vertical en todos los niveles de atención, controlar los costos de los medicamentos y demás insumos, mejorar las condiciones laborales de los estudiantes y trabajadores de la salud y fortalecer la prevención de la enfermedad, al igual que en otros aspectos que deben acordarse, siempre orientados por lo que sea mejor para el sistema de salud y las condiciones de vida de los colombianos.
Es evidente que en torno a propuestas como estas sí cabe unir a casi todo el país, para así poder sacar adelante una reforma capaz de controlar a los que se nieguen a actuar correctamente en beneficio de la salud de Colombia.
