Durante una audiencia judicial realizada el día de hoy, la Fiscalía imputó al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina por su presunta responsabilidad de las irregularidades detectadas en un contrato de alumbrado navideño para la capital vallecaucana.
Ante el juez de control de garantías también imputaron al exgerente de las Empresas Públicas Municipales (Emcali), Juan Diego Flórez; y al exdirector de la Unidad Administrativa Especializada de Servicio Públicos Municipales, Marco Aurelio Vera Díaz.
Según el ente investigador, estos hechos ocurrieron el 26 de agosto de 2020 cuando el exmandatario y los otros dos exfuncionarios suscribieron de manera directa un contrato por 10.334’292.032 de pesos, omitiendo abrir una licitación pública y entregando la millonaria suma mediante la modalidad de contrato interadministrativo, es decir, de forma directa.
Agregan que la normatividad vigente indica que para este tipo de procesos contractuales debía abrirse una licitación pública, de tal manera que se garantizara la participación de otros oferentes y la escogencia de la propuesta más favorable.
En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cali imputó a Ospina y los demás exfuncionarios el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Adicionalmente, a Vera Díaz se le imputó además el delito de prevaricato por acción, en el entendido de que habría dado viabilidad al contrato de alumbrado público, a través de una resolución del 25 de agosto de 2020.
Cabe recordar que la Procuraduría General suspendió del cargo a finales del año pasado al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por un periodo de cuatro meses, luego de las irregularidades encontradas en la contratación de la feria de Cali virtual realizada en el 2020, otro proceso que tiene el mandatario en su contra en los estrados judiciales.
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firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos, sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia del covid-19.
Según el concepto de la entidad, la administración municipal tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar, “cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”.
