Es la conclusión del informe de la Defensoría del Pueblo, ‘La libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos’, cuyo fin es resaltar la relevancia de garantizarla y respetarla debido a su impacto en los derechos colectivos e individuales.
La libre competencia, asegura el Defensor del Pueblo, es un derecho que pertenece a todos —individuos y comunidades—, pero su vulneración afecta bienes esenciales del ser humano, como los derechos a la vida, la integridad, la salud y la educación.
Bogotá, 19 de enero de 2024 (@DefensoriaCol). “Hoy que el país y el mundo discuten si la garantía de los derechos proviene solamente del Estado o si le atribuimos gran parte de ella a la actividad de los empresarios, para brindar elementos de juicio que permitan zanjar la discusión, desde la Defensoría del Pueblo presentamos la obra ‘La libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos’”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En el documento de 86 páginas se entregan detalles sobre el derecho colectivo a la libre competencia y su incidencia en el fortalecimiento de la democracia, ya que está íntimamente ligado al desarrollo social y económico del país, así como a la protección de los derechos de los consumidores, proveedores, productores y de las empresas, por su aporte al bienestar de las personas.
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“La libre competencia garantiza los derechos de los colombianos, pero dentro de un marco de intervención apropiado. Es, en consecuencia, un derecho de todos. La relación entre la libre competencia y los derechos humanos es clara, directa y relevante”, afirma Camargo Assis.
Para el Defensor del Pueblo, el documento aporta al debate sobre lo significativo que es garantizar y respetar la libre competencia, “debido a su impacto en los derechos individuales, pues el informe se centra en analizarla como un derecho colectivo, además de que explora su fundamento en el marco constitucional colombiano y la economía social de mercado”.
‘La libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos’, enfatiza el Defensor, “presta especial atención al examen de su relevancia colectiva, más allá de las prácticas restrictivas a la competencia. De igual manera, destaca la importancia de abordar la competencia desleal para prevenir posibles perjuicios colectivos y, por ende, la afectación de los derechos democráticos”.
En el documento también se indica que ese derecho colectivo, reconocido tanto a nivel nacional como internacional, encuentra origen en la Constitución de Colombia, en su artículo 333, y a través del bloque de constitucionalidad.
Igualmente, se advierte que está intrínsecamente vinculado a la libertad de empresa y emerge como un factor determinante con impactos significativos en la vida de los habitantes del territorio nacional. Por tal razón, ponerle restricciones y trabas se puede convertir en una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales y el entorno de vida de las personas.
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Camargo Assis invita a los colombianos a leer y apropiar el informe, el cual está disponible de forma gratuita en la página web de la Defensoría del Pueblo (defensoria.gov.co) o clicando directamente en el enlace https://acortar.link/HgyUod, en el que encontrarán una perspectiva enriquecedora que fomenta la comprensión crítica de la interrelación entre la libre competencia y el pleno ejercicio de los derechos humanos.
La libre competencia, finalizó Carlos Camargo Assis, “al ser un derecho que pertenece a todos y cuya amenaza o vulneración puede afectar bienes esenciales de las personas, como los derechos a la vida, la integridad, la salud y la educación, es esencial reconocer que su garantía cobra mayor relevancia cuando se trata de bienes y servicios vinculados al bienestar ciudadano”.