Luego de que se conociera una reestructuración dentro del sector de infraestructura y transporte de Colombia, que incluye a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte salió al paso para aclarar dudas sobre el futuro de esta entidad y de otras, como el Invías.
Según esta cartera, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en su artículo 105, ahora la ANI tendrá la facultad para ampliar la provisión de infraestructura pública, no solo de transporte, sino aquellas obras sociales.
«La entidad identificó proyectos sociales, como hospitales, universidades, colegios y saneamiento básico, ya estructurados que el país necesita y la ANI, con sus 12 años de experiencia, es el mejor vehículo para hacerlo realidad», detalló Mintransporte.
Dicho artículo del PND reza lo siguiente: «La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- podrá estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público-Privada -APP-, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública, con el fin de ampliar la provisión de infraestructura social y productiva, de acuerdo con la priorización de la cabeza del sector correspondiente, en articulación con las entidades territoriales».
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Ante las revelaciones de medios nacionales de que la ANI pasaría del Ministerio de Transporte al Departamento de Prosperidad Social, el ministro William Camargo puntualizó: “Tenemos un trabajo con capacidades nuevas que le damos a la Agencia Nacional de Infraestructura, que pareciera tener un apellido, ‘transporte’, pero esta es la encargada de hacer la infraestructura del país y el Plan Nacional de Desarrollo habilita capacidades para que desarrolle infraestructura social como colegios y distritos de riego”.
Aclaró que hay una intención del presidente de hacer un ajuste en la arquitectura institucional, pero “en ningún momento se ha hablado que el DPS asuma las competencias de la ANI y el Invías”.
Al preguntarle al Ministerio sobre este cambio de enfoque, la cartera puntualizó que la iniciativa ANI Social y Productiva surgió como respuesta a la necesidad de ampliar la provisión de infraestructuras sociales, en articulación con las autoridades departamentales y locales, a través de las Asociaciones Publico-Privadas (APP).
En cifras
Actualmente, la ANI tiene 20 proyectos de infraestructura en estructuración, los cuales están proyectados con un plazo de construcción, operación y mantenimiento que oscila entre 10 y 30 años.
Asimismo, el Gobierno Petro, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), recibió un paquete de 29 concesiones que materializan los proyectos de cuarta generación, no obstante, 21 de ellas tienen problemas con tribunales, que equivalen en reclamaciones a $9 billones.
El sector transporte tiene a su cargo una proyección de inversión por el orden de los $100 billones. Modo Férreo: $31 billones. Aeroportuario: $33 billones. Fluvial y portuario: $7,8 billones. Carretero: $67,8 billones.
Ahora la ANI se encargará de construir colegios, universidades, hospitales, saneamiento básico y sistemas de riego: estos son los nuevos cambios
¿Se acaban las concesiones?
Otro punto que se conoció ayer fue las pretensiones del Gobierno Petro de cambiar, incluso acabar con las concesiones en el país, es decir, la terminación anticipada de las concesiones viales, porque estas, en este momento, “llegarán a un punto de quiebre al materializarse los riesgos a cargo del Estado y no existir presupuesto para cubrirlas”.
Se supo que hay dos argumentos de peso para que se den estas terminaciones anticipadas. Primero, por el déficit para cubrir la falta de ingreso por peajes y no aumento de tarifa, que llega a los $3 billones.
Segundo, se identificaron cuatro concesiones en escenario de terminación anticipada, tres de ellas como resultados de tribunal, que son imposibles de cumplir, como Ibagué – Cajamarca, Bogotá – Villavicencio y la Perimetral de Oriente, en la capital del país.
