La institución nacional protectora de los derechos humanos y la Fiscalía General de la Nación firmaron un convenio interadministrativo que pone en funcionamiento la mediación penal con enfoque restaurativo, lo cual permitirá en el futuro ayudar descongestionar procesos en juzgados.
La Defensoría se convierte en la primera entidad del orden nacional en suscribir este tipo de convenios, que permite prestar los servicios de mediación a través de sus Centros de Conciliación y Defensorías Regionales.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus Centros de Conciliación y Defensorías Regionales, puso en marcha el plan piloto de mediación penal con enfoque restaurativo. Inicialmente, funcionará en sus Regionales Bogotá y Cundinamarca.
“Firmamos un convenio interadministrativo con la Fiscalía General de la Nación, esto nos permite poner en funcionamiento la mediación penal. Es una apuesta por tener una justicia restaurativa integral y eficiente para resolver los conflictos sociales”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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La Fiscalía ya envió a la Defensoría expedientes penales de los casos en que, como ente acusador, considera que pueden ser resueltos a través de la mediación. Una vez consolidado el plan piloto, será extendido a todos los Centros de Conciliación y las 42 Defensorías Regionales de la entidad nacional garante de los derechos humanos, primera institución del orden nacional en suscribir este tipo de convenios, a partir de las características y herramientas con las que cuenta.
“Esperamos que este mecanismo jurídico sea de gran utilidad para la resolución de los conflictos que aquejan a la sociedad. Uno de nuestros fines primordiales es contribuir a la construcción de entornos más sanos, que responda a los intereses de justicia y reparación de las víctimas, y contribuya a evitar la reincidencia de los ofensores”, recalcó el Defensor del Pueblo.
Por su parte, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, señaló en el lanzamiento que en el país hay una grave crisis humanitaria en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI). “En esos lugares hay 22.000 privados de la libertad, en su gran mayoría, en condiciones inhumanas, por lo que la mediación penal va a lograr dar los primeros pasos que nos permitan resolver la problemática”, agregó Ibáñez.
Entre tanto, la vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, indicó a los asistentes del lanzamiento que la medición penal es un avance para entregarles a las víctimas una justicia real: “Por eso celebro el convenio y el inicio del plan piloto, el cual va a permitir lograr que a las víctimas de delitos se les reconozca lo que sucedió (…). Más allá de que digan cómo va mi caso, van a decir cómo soluciono mi caso”.
Otro de los objetivos de esta iniciativa hecha realidad es que ayudará a descongestionar los despachos judiciales y retejer los lazos dañados a causa del delito y la acción opresora que el ofensor pudo haberle causado a la víctima.
