La ministra de Educación, Aurora Vergara, presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria que busca reconocer la educación como un derecho fundamental en Colombia, el cual ha recibido serias críticas de parte de rectores de universidades privadas.
«Este proyecto de ley estatutaria busca promover una transformación cultural de la sociedad y retoma la promesa de convertir la educación en Colombia en un derecho que promueva el bien común y que no es un privilegio de unos pocos», afirmó la ministra Vergara.
El proyecto de ley estatutaria establece los alcances del derecho a la educación en los distintos niveles, desde la educación preescolar hasta la educación superior. Además, busca enfrentar la deserción escolar y promover la obligatoriedad de la educación media en grados décimo y once, de acuerdo con el articulado.
«Tenemos que pensar en ese patrimonio que ha construido el país en su sistema mixto de educación con instituciones públicas y privadas que le aportan mucho a esta nación. Ese sistema tenemos que seguirlo fortaleciendo, ofreciendo educación con calidad y un sistema integral de financiación que nos permita fortalecernos y que haga realidad el derecho progresivo a la educación».
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Así lo manifestó Luis Fernando Munera, rector de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, quien aseguró que «retroceder en el fortalecimiento del sistema mixto es retroceder en el derecho a la educación y lo que queremos es todo lo contrario, aportar desde todos los sectores para que la educación sea un derecho para todos los colombianos».
Al menos cuatro rectores de educaciones privadas del país previamente reclamaron del gobierno un mayor diálogo para concretar la iniciativa e hicieron reparos a cuatro asuntos: calidad de la educación, educación posmedia, reconocimiento al sistema mixto y un sistema integrado de financiación.
La ministra Vergara resaltó que este proyecto de ley saldará una deuda histórica al cumplir con el mandato establecido en el artículo 9º de la Ley 115 de 1994, el cual establece que «el desarrollo del derecho a la educación se regirá por ley especial de carácter estatutario». Durante su discurso, la ministra agradeció a todos los ciudadanos y ciudadanas que participaron en la construcción de esta iniciativa a través de un amplio proceso de participación ciudadana que involucró a más de 53 mil personas de diferentes sectores de la sociedad.
El proyecto se alineó con el Plan Decenal de Educación 2016-2026, que planteó la necesidad de regular y precisar el alcance del derecho a la educación en Colombia. Esto garantizará que se cumplan los objetivos de calidad y equidad en la educación.
El proyecto avanza en la universalización progresiva del derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, incluso desde los cero años. Además, se amplía el ciclo preescolar de la educación inicial de un grado a tres, permitiendo que los niños comiencen su educación desde los 3 años, añadió Vergara.
Agregó que el proyecto promueve el enfoque territorial como principio orientador, reconociendo que las necesidades educativas varían según las regiones del país. Esto contribuirá a cerrar las brechas, promover la equidad en el acceso a la educación y consolidar la paz como un fin de la educación, promoviendo el desarrollo sostenible y ambiental.
La ministra destacó que es importante ver la educación superior como motor de transformación del país. Se promueve que el ciclo complementario de las Escuelas Normales Superiores se constituya como educación superior, lo que fortalecerá la formación de docentes.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el reconocimiento de la educación propia y los saberes de los pueblos étnicos, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y explorando vías de financiamiento para los sistemas educativos indígenas y afrodescendientes. Además, resaltó el derecho fundamental a la educación del campesinado y la promoción de la educación rural como una fuerza de desarrollo sostenible y ambiental.
La ministra subrayó que el proyecto garantiza la educación inclusiva, reconociendo como sujetos de este derecho fundamental a la educación a personas privadas de la libertad, personas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado y diferentes grupos étnicos.
«La educación superior debe convertirse en la principal fuerza que transforme el país», argumentó
