Con esas palabras, para ratificar su compromiso con los firmantes, y atendiendo a las amenazas y homicidios denunciados por organizaciones sociales y colectivos, el Defensor del Pueblo solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de que sea garantizada la vida de estas personas, objeto de especial protección del Estado.
La entidad garante de los derechos humanos se comprometió a abrir espacios de concertación a partir de la conformación de una mesa de diálogo integrada por el Gobierno, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras, entre otras entidades, para continuar atendiendo a lo consignado en el Acuerdo, de manera particular, lo pactado en seguridad, movilidad y reparación.
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Bogotá, 6 de septiembre de 2023 (@DefensoriaCol). «El Estado tiene la responsabilidad de cumplir con el Acuerdo Final de Paz, y es fundamental que todas las partes involucradas asumamos los compromisos pactados. Porque garantizar la vida y seguridad de los firmantes es la prioridad», enfatizó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante una reunión con integrantes de la Asociación Nacional de Firmantes de Paz (Anfap) celebrada en la sede nacional de la institución garante de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo se comprometió a abrir espacios de concertación a partir de la conformación de una mesa de diálogo integrada por el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras y los diferentes entes del Estado, con el propósito de seguir atendiendo a lo establecido en el ‘Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’, específicamente en lo pactado en materias de seguridad, movilidad y reparación.
Ante el presunto incumplimiento denunciado sobre las obligaciones consignadas en el Acuerdo relacionadas con la defensa de las y los firmantes, corazón y médula de este proceso, dejó claro: “Vamos a trabajar en la construcción de elementos jurídicos para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que se inste al Estado a proteger a las personas que están en una situación grave y urgente de vulneración a sus derechos a la vida, integridad y seguridad”, indicó Carlos Camargo Assis.
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El representante legal de la Anfap, César Augusto Tamayo, calificó como histórico el acompañamiento que ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo, a instancias de su Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, en la defensa de los derechos humanos de los firmantes del Acuerdo de Paz. Además, hizo hincapié en la urgente necesidad de detener de inmediato los asesinatos, los atentados y las amenazas dirigidos contra los firmantes en todo el territorio colombiano.
“A estos hombres y mujeres que vienen ejerciendo importantes liderazgos a nivel nacional, les decimos desde la Defensoría del Pueblo que cuentan con todo nuestro apoyo y acompañamiento en la garantía de sus derechos”, subrayó el Defensor del Pueblo.
Aunque la implementación no ha sido la misma en todos los puntos del Acuerdo, Camargo Assis recalcó: “Lo más preponderante en este momento es la protección para quienes hacen parte de las organizaciones que firmaron el Acuerdo y procedieron a desmovilizarse”.
