Los videos que registraron las circunstancias –al parecer irregulares–, en las que fue sometida a la prueba de polígrafo Marelbys Meza son la nuez de otro choque entre la Presidencia de Gustavo Petro y la Procuraduría que dirige Margarita Cabello. La disputa tiene como foco la información pormenorizada de lo que ocurrió el pasado 30 de enero en las instalaciones del edificio Galán, adscrito a la Presidencia, y las supuestas trabas desde la Casa de Nariño para proporcionar evidencias del procedimiento contra la exniñera de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del primer mandatario.
El descontento en la Procuraduría es tal que, después hacer públicas las quejas por las dificultades para acceder a la documentación –lo que obligó a que el Ministerio Público se tomara las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE)–, ahora se le dio un ultimátum al Ejecutivo para que entregue la información en un término de 5 dí
El ente de control está investigando si, en paralelo con el proceso penal que adelanta la Fiscalía para determinar si hubo lugar a un delito, hay actuaciones por parte de funcionarios que conlleven a que se abra un proceso disciplinario.
En una carta dirigida al director del DAPRE, Carlos Ramón González, el organismo pidió al Gobierno remitir información sobre el protocolo de la Presidencia para efectuar pruebas de polígrafo y el detalle de en qué circunstancias está previsto su uso; los nombres y cargos de los funcionarios responsables del proceso y de quién fue la orden de hacer la prueba; una copia del procedimiento y su correspondiente registro fílmico.
La Procuraduría se anticipó a la eventual respuesta del DAPRE y le recordó que, aunque está documentación es reservada, el organismo, dadas sus funciones, “puede acceder a los registros y la reserva no es oponible como órgano de control”.
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En búsqueda de determinar la legalidad del proceso y precisar qué tan clandestino o no fue, la Procuraduría solicitó al DAPRE un informe de quién debía hacer el registro al edificio Galán, si está consignado el ingreso de Meza, y los cargos de quienes en ese momento estaban de guardia en el lugar, así como las autorizaciones para el ingreso de los vehículos del esquema de seguridad de Sarabia.
Inclusive, el Ministerio Público pidió los cargos, direcciones físicas y electrónicas, manuales de funciones y competencias del coronel Carlos Feria –jefe de seguridad de la Casa de Nariño–, y el capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de Oficina de Polígrafo.
Ambos uniformados son investigados por la Fiscalía y apenas la semana pasada, el coronel Feria reveló que el responsable de dar la orden del procedimiento fue el fallecido coronel Óscar Dávila que, según la Fiscalía, se suicidó el 9 de junio. Sin embargo, un informe de la propia Presidencia contradijo esa versión y responsabilizó a Feria, uno de los hombres de confianza en la seguridad de Petro.
Pese a los reparos por las dificultades para acceder a la información, el DAPRE se limitó a responder vía Twitter, a modo de “aclaración”, que en la inspección realizada por la Procuraduría “jamás se negó la entrega de ningún documento”, al tiempo que insistieron en que tienen 5 días para allegar lo solicitado: “Entregaremos toda la documentación. Total transparencia”, precisaron.
Horas antes, la procuradora Margarita Cabello reveló que no fue posible acceder a la información requerida, que muchos de los funcionarios “adecuados” –en referencia a González– no estaban o se encontraban en La Guajira (donde adelanta una visita Petro), y que no se descarta una nueva toma del DAPRE para tener la información.
En medio de la inspección el lunes, la procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Téllez, reclamó que se llegó a tal instancia debido a las trabas para que el DAPRE enviara los documentos: “Recibimos parcialmente una información, pero no hemos podido completarla”, dijo.
Teniendo en cuenta el ultimátum fijado por la Procuraduría, el plazo para remitir la información se cumplirá el próximo miércoles, pues se trata de días hábiles. Aunque el DAPRE se comprometió a enviar documentación, la desconfianza del organismo es palpable tras las ninguneadas del Gobierno. El asunto podría acentuar la pelea entre el Presidente y la Procuradora, quien ha sido cuestionada por el petrismo duro, que anunció con acudir a la CIDH ante sus investigaciones.
