Se trata de un caso de corrupción que involucra un jugoso contrato por el manejo de basuras en Bucaramanga. La Procuraduría tomó la decisión.
Con esta decisión, el exalcalde de esa ciudad y excandidato presidencial no podrá volver a ocupar ningún cargo público hasta el año 2037, porque el Ministerio Público logró probar que sí firmó un convenio para darle beneficios económicos a su hijo en el famoso caso conocido como Vitalogic. Ese mismo caso le iba dañando el caminado hacia la Casa de Nariño, a donde finalmente no llegó.
La novela se remonta a finales de junio del año 2016, cuando en ese entonces el alcalde Hernández tuvo una exclusiva reunión en su penthouse con el que fungía como gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera.
La cita tenía un propósito claro y conciso: pedirle a Barrera que le entregara un contrato inicial de 344 millones de pesos al ingeniero Jorge Hernán Alarcón con el objetivo de construir una planta de energía a base de residuos sólidos.
Era un proyecto vanguardista que prometía transformar los desechos del relleno sanitario El Carrasco por hasta tres décadas. Pero la promesa se fue en picada cuando a Hernández se le ocurrió que también podría sacar tajada para su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros.
Inicialmente, lo acordado era que Hernández Oliveros iba a repartir coimas entre los firmantes del contrato, siempre y cuando fuera otorgado a la empresa que le da nombre al entramado: Vitalogic RSU.
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Así las cosas, para lograr ese contrato, la tarea de Alarcón era elaborar los estudios y pliegos para abrir la licitación, todo a la medida para que quedara en manos de la tecnológica.
Y desde ahí se empezó a tejer el caso de corrupción porque tal como lo ratificó la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, que fue la que emitió el fallo en primera instancia, el exmandatario tuvo contacto directo con los representantes de la firma y les entregó información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico.
Esas reuniones les daban ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección. Todo esto ocurrió mientras Rodolfo Hernández era alcalde de Bucaramanga en el período 2016 y 2019.
En este panorama, la Procuraduría en su reciente decisión logró comprobar que el excandidato presidencial tuvo una reunión con emisarios de la compañía, “no como un acto de cortesía para oir propuestas, sino para que conocieran cómo se había estructurado el proyecto”, dice el fallo del ente de control.
Fue en esos encuentros donde se acordó elaborar términos precisos para entregar el contrato a dedo a la firma seleccionada.
Ahora bien, la Procuraduría también estableció que finalmente sí se fijó ese corretaje previo para que Hernández Oliveros recibiera jugosos beneficios por el contrato de Vitalogic.
Para lograrlo, según las investigaciones, el exalcalde adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras. Esa prueba se ratificó con el testimonio de Luis Andelfo Trujillo, un testigo estrella del caso, quien aportó documentos para probar que estaban pidiendo una comisión de 666.000 dólares si finalmente el contrato se celebraba definitivamente con Vitalogic.
Pero ahí no termina todo, de este caso también hay un proceso abierto en Fiscalía en el que se sigue declarando inocente.
En todo caso, con este proceso, Hernández alcanzaría la tercera sanción y con ella, la muerte política. Sin embargo, al excandidato le quedaría una última carta y es que podrá apelar para que, en segunda instancia, sea el Consejo de Estado quien decida de fondo.
