En medio del juicio político en su contra por un presunto delito de malversación, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional y con ella, el fin de su gestión al frente del ejecutivo. La muerte cruzada, como se conoce popularmente a esta figura legal, es un mecanismo que permite al ejecutivo y legislativo disolverse mutuamente y de forma anticipada para llamar a elecciones. El decreto de disolución de Lasso se sustenta sobre una “grave crisis política y conmoción interna”, una de las tres causas que, de acuerdo con la Constitución vigente, permite invocar a la muerte cruzada y la única que no requiere del dictamen de la Corte Constitucional.
La muerte cruzada apareció por primera vez en Ecuador con la promulgación de la Constitución de 2008, durante la gestión del expresidente Rafael Correa. Sus dos vertientes, la disolución del Congreso por el presidente, contenida en el Artículo 148, y la destitución del presidente por el Congreso, sustentada en el Artículo 130, solo se podrán ejecutar una sola vez durante el periodo (ejecutivo o legislativo) y durante los tres primeros años del mismo. En el caso de Lasso, el primer presidente en aplicar este mecanismo legal, el decreto de muerte cruzada sucede una semana antes de cumplir dos años en el cargo, mismo que ostenta desde mayo de 2021 y cuyo cuatrienio concluye oficialmente en 2025.
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Tras el decreto de disolución, la Constitución exige convocar a elecciones legislativas y presidenciales en un plazo máximo de siete días. El documento firmado por el presidente notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su obligación de llamar a los siguientes comicios, que deberán celebrarse en una misma fecha y decidirán a los ocupantes de los cargos para el resto de sus respectivos períodos. Tanto Lasso como los asambleístas podrán presentarse a las elecciones extraordinarias, cuya primera vuelta tendrá lugar en un plazo máximo de noventa días tras la convocatoria.
Una vez disuelta la Asamblea Nacional y hasta la elección del nuevo Congreso, Lasso mantendrá su cargo por decreto durante un máximo de seis meses, con el aval de la Constitución para expedir decretos y leyes urgentes de carácter económico, mismas que podrán ser aprobadas o derogadas por el órgano legislativo recién creado.
