Humanos presentó el viernes su primer informe de seguimiento a las recomendaciones que hizo a Colombia, luego de hallar “graves violaciones a los derechos humanos” durante las masivas protestas antigubernamentales de 2021.
De las 28 recomendaciones analizadas por la CIDH en su informe, 11 siguen pendientes de cumplimiento, 14 fueron parcialmente cumplidas, y en tres el Estado ha adoptado medidas relevantes, pero que aún no han concluido.
En su informe, la CIDH resaltó que el Estado informó de un proceso de transformación de la Policía y creó la figura del Comisionado de Derechos Humanos dentro de la institución, aunque “debe trabajar en asegurar el cumplimiento práctico, adecuado y generalizado de su marco normativo por parte de las fuerzas públicas”.
También reconoció el proceso de transformación del grupo antimotines de la policía —señalado de uso excesivo de la fuerza— que tiene la vocación de dar más relevancia a la resolución pacífica de los conflictos sociales.
En junio de 2021, la CIDH acudió a Colombia por llamado de la sociedad civil y recibió más de 300 testimonios de todos los sectores sobre los hechos de violencia ocurridos en las protestas que iniciaron el 28 de abril impulsadas por una reforma fiscal gubernamental que, aunque fue retirada, despertó hondos reclamos por la desigualdad, el desempleo y el derecho para protestar libremente.
La CIDH manifestó entonces su preocupación por el alto número de muertes y lesionados, así como denuncias de desapariciones, violencia sexual, discriminación étnico-racial, agresiones a periodistas y misiones médicas y detenciones arbitrarias.
Aunque las jornadas de protesta se prolongaron por dos meses, en su mayoría fueron pacíficas. Sin embargo, hubo episodios de violencia y la ONU logró verificar 46 muertes, la mayoría por armas de fuego o impactos de proyectiles de gas lacrimógeno, y concluyó que en 28 casos la policía podría estar implicada.
La CIDH señaló que el Estado no informó de ninguna medida de cumplimiento sobre reparación a víctimas y familiares.
La Comisión también aseguró que comparte la preocupación de la sociedad civil sobre la “situación generalizada de impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos” en las protestas, dado que la gran mayoría de los casos abiertos continúan en etapas previas de indagación de los hechos.
La Procuraduría, encargada de procesos disciplinarios contra funcionarios públicos, informó a la CIDH que adelanta 708 actuaciones contra miembros de la Fuerza Pública, de las cuales 314 están relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, aunque la mayoría están en etapa de instrucción (verificación), nueve en juzgamiento y una con decisión sancionatoria.
El comisionado de la CIDH Joel Hernández García detalló que han recibido información de la sociedad civil de “posibles montajes judiciales que afectan a personas” que participaron en las manifestaciones e insistió en la “necesidad de que se liberen a las personas que fueron detenidas de manera arbitraria… para que puedan continuar sus procesos en libertad”.
Tras conocer el informe el viernes, el gobierno del presidente Gustavo Petro —primero de tendencia izquierdista en Colombia— acordó con la CIDH crear un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que además cuente con la participación de la sociedad civil.
Hernández García aseguró a la prensa que en la reunión fue notoria la “vocación de cooperación del presidente Petro con la CIDH y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en lo que calificó como una “respuesta positiva” del gobierno sobre el informe.
La creación de ese mecanismo de seguimiento había sido rechazada por el anterior gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022), en desacuerdo por varias de las recomendaciones que hizo la CIDH, como la que pedía separar a la Policía y su grupo antimotines del ministerio de Defensa. “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, reclamó Duque.
El gobierno de Petro ha dicho que tiene la intención de separar a la Policía del ministerio de Defensa para que quede adscrita a un futuro “ministerio de la Paz, Convivencia y Seguridad”, lo cual fue bien recibido por la CIDH.
