El presidente Gustavo Petro dio el primer paso para concretar su controversial promesa de excarcelar a miembros de la Primera Línea y declararlos gestores de paz. A través de un decreto firmado por los pesos pesados de su gabinete, el mandatario dio vía libre a una comisión que –en plata blanca– podría conceder la libertad a algunos de los jóvenes que hoy permanecen detenidos por diversos hechos ocurridos en el marco del paro nacional del año pasado. Así –desatendiendo los reparos y advertencias de las cabezas de la rama judicial y de varios estamentos políticos– les daría un “aguinaldo” a más de 170 personas que hoy están imputadas por delitos perpetrados durante las protestas.
¿Qué dice el documento, qué interrogantes deja y por qué levanta tanta roncha? El decreto –el 2422 del pasado viernes 9 de diciembre–, crea la denominada Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana. Dicha instancia tiene como misión, esencialmente, estudiar y recomendarle al presidente si excluye o admite a ciudadanos como “voceros” en los diálogos o conversaciones que entable a fin de concretar su “paz total”.
El decreto tiene como piso legal el artículo quinto de la Ley de Orden Público o Ley de Paz Total que promovió Petro y que lo faculta para arropar con ese rótulo de “voceros” a privados de la libertad con dos condiciones: que hagan parte de “organizaciones sociales y humanitarias” y que el presidente considere “puedan aportar al proceso de paz y la conflictividad social”. Bajo una figura similar, la de “gestores de paz”, presidentes como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos o –más recientemente– Iván Duque, lograron la libertad de integrantes de grupos armados para que participaran en diálogos de paz.
Y aquí comienzan los interrogantes. ¿La libertad de esos “voceros” implica un indulto? La respuesta es no, según explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien aseguró que estas personas seguirán vinculadas a los procesos penales que cursen en su contra. Otro gran cuestionamiento es si la Primera Línea puede considerarse una “organización social y humanitaria –algunos de sus miembros están acusados de delitos como secuestro, tortura o terrorismo– y qué tipo de vinculación tienen en una mesa de paz que, se supone, está pensada para dialogar con organizaciones armadas y al margen de la ley.
Una de las primeras en poner el tema sobre la mesa fue la procuradora General, Margarita Cabello, quien sostuvo que “si bien la ley autoriza voceros para incidir como gestores en los procesos de diálogo, estos no pueden ser cualquier persona. La misma ley estipula que deben ser reconocidos y autorizados por los grupos armados que participan en el proceso”. En esa línea, señaló que debería ser el Congreso, y no el presidente, el que reglamente una ley para designar gestores de paz.
En este punto hay que retomar una discusión que se hizo presente justamente cuando en el Congreso se discutía la Ley de Paz Total, en noviembre. En ese entonces, las mayorías petristas quisieron incluir una proposición para que los integrantes de la Primera Línea pudieran pagar sus condenas como gestores de convivencia. La iniciativa no prosperó y el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico) anunció un proyecto aparte para concretar ese anhelo.
De allí que para muchos en la oposición la idea de excarcelar a miembros de la Primera Línea vía decreto y no por una ley formal –de mayor rango legal– sea considerado una extralimitación de funciones y una “jugadita” para burlar lo acordado por el Legislativo en el trámite de la ley. Así lo planteó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien ya anunció una demanda contra el decreto por considerarlo ilegal e inconstitucional: “El decreto es una flagrante extralimitación de funciones. Es claro que las facultades para suspender órdenes de captura se limita a representantes de organizaciones armadas o estructuras criminales, jamás para representantes del gobierno”.
La senadora María Fernanda Cabal fue más allá y lo calificó como un intento “de darle un golpe de Estado a Colombia”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, alertó que sería la primera vez que un gestor de paz no está vinculado a una organización criminal: “¿Los de la Primera Línea son voceros de quién?, ¿a quién representan?, ¿qué están negociando?”.
¿Sin espacio para víctimas?
Otro de los cuestionamientos que recae sobre el decreto, específicamente sobre la Comisión, es su carácter de intersectorialidad. En efecto, el documento señala que el organismo estará presidido por el ministro de Justicia o su delegado, y estará conformado también por los ministros del Interior y de Defensa, así como por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Es decir, se trata de los miembros del gabinete más cercanos a Petro.
En este sentido, el propio fiscal General, Francisco Barbosa, cuestionó que no haya una silla para la entidad que dirige, como ente investigador y acusador de la justicia. Por otro lado, sostuvo que la última palabra sobre si alguien puede recobrar la libertad debería recaer en manos de un juez y no en el Gobierno: “Ellos son quienes tienen la última palabra frente a la liberación y la Fiscalía seguirá atenta a esos procesos”.
