Bajo el nombre de Idea (Iniciativa Democrática de España y Latinoamérica) varios expresidentes de América Latina y España firmaron una declaración conjunta en la que se oponen a que se otorguen indultos a miembros de la llamada primera línea en Colombia.
Aseguran que les preocupa que el gobierno de Gustavo Petro pretenda facilitar que las personas con graves evidencias en su contra en la comisión de delitos comunes, pretendan eludir sus responsabilidades ante la justicia.
“Para conseguir ese objetivo, (Petro) planea tratar sus casos bajo figuras jurídicas que solo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz”, expresaron los exmandatarios.
Esos expresidentes defienden la postura que ha tenido la oposición de que la figura de “gestores de paz” solo sería aplicable a integrantes de grupos armados que reciben ese beneficio en el marco de un proceso de paz.
De ahí que los exmandatarios llamen la atención sobre que, si se consuma la liberación de estas personas, “se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su Justicia, elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente”.
Entre los firmantes hay exjefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, defiende que esas liberaciones consisten en una “medida que busca la reconciliación” y que está radicada en la recién aprobada Ley de Orden Público que promovió el Pacto Histórico en el Congreso.
“La figura ya existía y varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a miembros de grupos armados. Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias”, aclaró Osuna.
La liberación de los integrantes de la Primera Línea es cuestión de días porque el presidente Petro prometió que estos jóvenes pasarán la Navidad en sus casas. Si bien el censo inicial es de 171 personas que se verían beneficiadas con la medida, en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada, habló de cerca de 230 presos que podrían entran en el paquete de los liberados.
Sumado a estas declaraciones también la Procuradora Margarita Cabello, el fiscal general, Francisco Barbosa, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtieron los riesgos de esa idea.
“Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz”, aseguró el fiscal general Francisco Barbosa, quien reclamó que el Ejecutivo no puede incidir en decisiones de la rama judicial.
Por su parte, la procuradora Margarita Cabello dijo que la reserva judicial y la potestad sobre la libertad de esos detenidos la tienen los jueces de la República. “El Gobierno no es competente para ordenar libertades y menos para generalizar siquiera la situación jurídica, en particular, de quienes han surtido una ruta judicial cuya legalidad se presume y en la cual los recursos y las acciones constitucionales son la vía para asegurar derechos y garantías”, le dijo Cabello a esta revista.
Finalmente, el defensor del Pueblo Carlos Camargo se puso del lado de las víctimas. “Toda vez que no se advierte que esta decisión política esté acompañada de las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y la protección a las víctimas y a la sociedad”, afirmó.