A través de un decreto firmado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aumentó en 7,26 % el salario de los miembros del Congreso de la República. Actualmente, los legisladores reciben $35’316.133 cada mes como remuneración, pero con el ajuste –que en plata blanca será de $2’563.951– ahora percibirán casi $38 millones: en total, $37’880.084.
El decreto, fechado este lunes 5 de diciembre, se hace en cumplimiento de un mandato constitucional que indica que el Ejecutivo realizará el ajuste salarial de forma anual. Lo anterior, según el promedio de los cambios que, en el último año, haya sufrido la remuneración de los funcionarios públicos. Para ese cálculo entran en juego asuntos como los derechos adquiridos de los empleados, la carrera administrativa o la política macroeconómica o fiscal.
Apenas en agosto pasado, en las postrimerías del gobierno de Iván Duque, fue expedido otro decreto que autorizó un incremento de 2,61 % en el salario de los congresistas. La decisión, que corresponde al salario de 2021, estaba lista desde comienzos de año, pero no había sido avalada por el Ministerio de Hacienda ni se había firmado por el ahora exprimer mandatario.
Por su parte, el decreto firmado por el gobierno Petro indica que comienza a regir a partir del 1 de enero de 2022, es decir, que deroga el de Duque y les garantiza un retroactivo de 12 meses a aquellos que fueron reelegidos y de seis meses para los nuevos.
Actualmente, en el propio Congreso cursa un proyecto de reforma constitucional para reducir el sueldo que se les paga a cada uno de los 296 legisladores que tiene Colombia, lo que implica un gasto mensual de más o menos 10.360 millones de pesos en solo los salarios.
Se busca que, a partir de 2026, el sueldo de un congresista no supere los 23 salarios mínimos mensuales vigentes. Eso se haría a través de la modificación del artículo 187 de la Constitución para que allí quede establecido ese tope, que incluye factores salariales y no salariales.
Eso, en plata blanca, se traduce en que los congresistas sí quieren bajarse el sueldo, pero después de que se acabe el actual periodo, lo que se traduce en que aplicaría a quienes sean elegidos en las próximas elecciones legislativas. Los actuales mantendrían sus $35 millones (ahora $38 millones) intactos. Algo que va de lo risible a lo contradictorio, pese a la pompa de los anuncios.
En paralelo con la determinación, este mismo martes fue aprobada en la Cámara de Representantes una iniciativa para reducir el receso legislativo de los congresistas y que trabajen un mes más al año. El proyecto de acto legislativo –es decir, que implica cambiar la Constitución– pasó en su cuarto de ocho debates y completó la mitad de su periplo en el Capitolio.
Actualmente, senadores y representantes arrancan la legislatura desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre, y retoman entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Es decir, formalmente sesionan ocho de los 12 meses del año. Así las cosas, el proyecto pretende extender las sesiones ordinarias del Congreso y que arranquen no el 16 de marzo, sino el 16 de febrero.
