La condena de más de 14 años para alias 19 y tres de sus aliados tiene en alerta a las autoridades luego de que la denominada “Primera Línea” lanzara amenazas de volver a las calles para “organizar una revolución”.
Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio, Fernando Urrea Martínez y Sergio Pastor González (“19”), integrantes del grupo “Resistencia Portal Américas”, fueron sentenciados por concierto para delinquir y tortura en Bogotá.
Y, por eso, la “Primera Línea” amenazó al juez cuarto especializado que llevaba el caso. “Nos vemos en las calles”, se pudo leer en el chat durante la audiencia virtual.
Frente a esto, los Jueces Penales del Circuito de Bogotá rechazaron las amenazas principalmente porque “se pretende atemorizar y afectar la independencia e imparcialidad de la justicia, pese a lo cual seguiremos actuando con el mismo rigor, rectitud y entrega en nuestra labor”.
Petro sí sabía que iban a liberar a tres capturados de la primera línea en una tanqueta del Esmad
Además, solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura que se adopten todas las medidas que garanticen la seguridad en medio de su labor.
Por su parte, las autoridades también están a la expectativa porque todo puede terminar en graves desmanes como ya sucedió el pasado 28 de octubre, cuando miembros de dicho grupo intentaron tomarse el bunker de la Fiscalía.
Precisamente, en esa ocasión, la marcha pretendía exigir la liberación de los capturados que –según datos de la Fiscalía General de la Nación, con corte del 23 de septiembre– ascienden a 153 en todo el país.
Pero esa cifra ha presentado variaciones porque, según la consejera de la Juventud, Gabriela Posso, serían 211 personas detenidas en el marco del paro nacional.
Además, Posso los ha catalogado como “falsos positivos judiciales” y ha sido una de las que promueve su liberación al calificarlos como presos políticos.
Es más, este es un tema que sigue liderando la agenda política del Gobierno, porque está respaldado por congresistas del Pacto Histórico, quienes impulsaron un proyecto de ley enfocado únicamente en el indulto a la “Primera Línea”.
El texto, que está liderado por alfiles del petrismo como el senador Alirio Uribe, pretende devolverle la libertad a los jóvenes que tienen procesos judiciales en curso por su presunta participación en los casos de vandalismo.
Y, de acuerdo con datos de la Fiscalía, existen 33 casos en contra de los grupos de la “Primera Línea”, en los cuales 168 personas han sido imputadas y 153 tienen sus capturas legalizadas. Se dijo desde el bunker que permite mostrar un avance del 78,8% en casos esclarecidos.
Un ejemplo claro de que este es un tema urgente del gobierno de Gustavo Petro es que, el pasado 23 de octubre, el mismo viceministro del Interior, Gustavo García, intervino para que liberaran a tres jóvenes que fueron detenidos durante desmanes en Bogotá, en los que el carro en el que se movilizaba el director de la Policía, Henry Sanabria, fue atacado a piedra.
Con este proyecto en marcha, los procesos judiciales de los hasta ahora capturados tendrían la oportunidad de ser revisados con el objetivo de concederles un indulto o amnistía individual.
Sin embargo, el caso de alias 19 y sus aliados no podría acceder a dichos beneficios porque es la primera vez que se emite una condena por tortura a miembros de “Primera Línea” y la ley no es retroactiva.
Entre tanto, sobre la condena a alias 19 y sus tres aliados, la Fiscalía estableció que habrían amarrado a un árbol a dos transeúntes para robarlos, golpearlos, herirlos con armas cortopunzantes y amenazarlos con prenderles fuego solo por ser supuestos agentes a la Policía vestidos de civil.
Además, determinaron que se agruparon para realizar coordinadamente distintos actos de vandalismo y agresiones contra la Fuerza Pública en el suroccidente de Bogotá.
Por estos hechos, tendrán que pagar 14 años y 7 meses de pena en un centro carcelario. A todo esto, se le suma una multa de 1.549,99 salarios mínimos (unos $1.600 millones) y cumplir inhabilidad de 175 meses para el ejercicio de funciones públicas.
Con respecto a las amenazas que se dieron justo después de que el juez tomara la decisión de emitir el fallo condenatorio, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos abrió una investigación de carácter urgente con la que esperan lograr identificar el origen y los responsables de dichos menajes que alertan sobre nuevas protestas y tomas violentas de la “Primera Línea”.
