Durante su intervención en el debate por el alto costo de la energía en el Congreso de la República, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que este viernes el Ejecutivo presentará un paquete de soluciones para atender el problema del alza desmedida en la tarifa del servicio de electricidad.
Ante los senadores y asistentes, la funcionaria explicó la estrategia del denominado Pacto por la Justicia Tarifaria (PJT), que involucra a todos los actores de la cadena, y anunció que, como parte de los avances en el tema, se están desarrollando diversas mesas de trabajo para oír a los actores y buscar consensos.
“Nos venimos reuniendo con las agremiaciones y las empresas para abordar problemas puntuales como los del Caribe, y trabajamos con los generadores revisando las renegociaciones de los contratos”, dijo la funcionaria.
Agregó que el Ministerio trabaja en el análisis de la normativa para la implementación de las medidas presentadas en las mesas, que sean “producto del consenso con los diversos gremios y entidades, y la meta es lograr amortiguar las tarifas del servicio eléctrico”, dijo la funcionaria.
Advirtió además que en 2020 el valor de la energía eléctrica, con respecto al 2019, se incrementó en 7,8%, luego, para el año 2021 el aumento fue de 13,9% y en lo que va del año la subida ha sido del orden del 14,6%.
“Si seguimos así se podría llegar a los $1.000 por kilovatio/hora para final del presente año, teniendo el doble del incremento porcentual del 2021. Esta situación es insostenible y hay que pararla ya”, dijo.
La ministra Vélez subrayó que en los últimos cinco semestres se ha incrementado la tarifa un 43%, es decir el costo de prestación del servicio en julio de 2022 fue en promedio país de $814,08 por kilovatio/hora.
Una de las fórmulas que analiza el Ministerio es desindexar el Índice de Precios al Productor (IPP) de la fórmula del precio de la energía, lo que quiere decir que este no aumente si es más costoso producirla. Más bien se vincularía a la inflación, lo que no es claro es cómo lo harán.
Y con respecto al tema de la anunciada intervención de la Comisión de Regulación de Energía Gas (Creg) por parte del Gobierno nacional, anunciado por el presidente Gustavo Petro el pasado viernes, la funcionaria no amplió detalle, ni comentó sobre el futuro de la entidad, como lo estaban esperando los asistentes al debate.
Fórmula sin el IPP
En su intervención, la funcionaria destacó que, en la nueva fórmula para calcular las tarifas del servicio eléctrico se buscará desligar el IPP (Índice de Precios a Productor) en cada uno de sus componentes regulados e indexar al índice de precios al consumidor (IPC).
La ministra Vélez, además de reiterar que se debe democratizar el sistema eléctrico colombiano, subrayó que desde el Ministerio han hecho una invitación expresa a los generadores para que renegocien los contratos de energía bilaterales de manera que se modere el efecto negativo inflacionario del IPP.
Incluso, fue más allá, y planteo nuevamente la posibilidad de crear a corto plazo un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa, y a mediano plazo construir otro específico para el sector eléctrico, que sea el definitivo.
Nueva salida en falso
Durante su intervención, la ministra Vélez tuvo una nueva salida en falso: Inti Asprilla, el presidente de la Comisión Quinta del Senado, célula legislativa en la que se desarrollaba el debate, le tuvo que llamar la atención para que dejará de leer su discurso y le recordó que estaba prohibido por la Ley Quinta.
“¡Perdón, no sabía!”, fue la respuesta que la funcionaria le dio al senador. Sin embargo la ministra continuó su intervención con las hojas en la mano, sin leer la información de manera reiterada. En redes sociales le criticaron el desconocimiento de un asunto esencial en los debates políticos del país.
Cabe recordar que el fin de semana la ministra Vélez tuvo otro comentario fuera de lugar, al afirmar que el déficit en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles esta en $10.000 billones, cuando en realidad se calcula en cerca de $24 billones.
