• En el primer mes de gobierno del Presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, radicó en el Congreso de la República, la Reforma Tributaria estructural, que busca mayor progresividad y equidad tributaria para recaudar $25 billones.
• El proyecto fue diseñado para que la carga tributaria adicional fuera asumida, principalmente, por los colombianos de más altos ingresos y riqueza, con un enfoque solidario para atender las grandes demandas sociales.
• En paralelo, el Ministerio ha trabajado, de la mano con el Congreso, con el fin de aumentar el monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023. Se espera contar con una adición de $11 billones, para llegar a $402,4 billones, que será destinada a proyectos de paz, lucha contra el hambre, desarrollo rural, Vivienda de Interés Social (VIS), cultura, medio ambiente y deporte.
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En el primer mes de gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público inició una intensa agenda económica, de la que hacen parte fundamental la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social y el nuevo Presupuesto General de la Nación del 2023.
En esta agenda se manifiesta el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro, de empezar a atender de inmediato los problemas más serios del país: el hambre, la pobreza y la desigualdad.
De esta manera, se están enfrentando las restricciones dejadas por un ajuste fiscal incompleto tras la pandemia y se está reconociendo la importancia de una política macroeconómica responsable para fomentar un crecimiento económico sostenido, sostenible y equitativo.
El lunes 8 de agosto, primer día de gobierno, el ministro José Antonio Ocampo, radicó en el Congreso de la República una reforma tributaria estructural, que busca con mayor progresividad y equidad tributaria recaudar $25 billones. El proyecto fue diseñado para que la carga tributaria adicional fuera asumida, principalmente, por los colombianos de más altos ingresos y riqueza, con un enfoque solidario para atender las grandes demandas sociales.
Esta iniciativa, presentada con mensaje de urgencia, cuenta ya con más de 300 proposiciones parlamentarias que están siendo revisadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los ponentes de las Comisiones Tercera de Cámara y Senado.
El ministro Ocampo ha socializado el proyecto en foros y audiencias públicas regionales con ciudadanos, medios de comunicación, empresarios, académicos, líderes de opinión y las bancadas de partidos políticos. De hecho, las encuestas muestran que la reforma ha sido recibida con favorabilidad por la ciudadanía. Por supuesto, el texto original puede seguir mejorando gracias al diálogo constructivo en el que han participado los parlamentarios, empresarios y diferentes sectores de la economía y el Ministerio.
En paralelo, el Ministerio ha trabajado, de la mano con el Congreso, para aumentar el monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023. Se espera poder contar con una adición de $11 billones, para llegar a una suma de $402,4 billones, que será destinada a proyectos de paz, lucha contra el hambre, desarrollo rural, Vivienda de Interés Social (VIS), cultura, medio ambiente y deporte.
La cifra inicial era insuficiente para permitir avances claros en el programa del nuevo gobierno. La próxima semana, en el legislativo, se define el nuevo monto para el presupuesto 2023.
Sumado a lo anterior, en agosto se reportó el flujo de inversión extranjera al mercado de deuda pública local más alto de la historia: $5,7 billones. Esta es una señal de confianza de los mercados internacionales en Colombia.
Otro logro relevante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es que se lanzó la estrategia interinstitucional del Gobierno Nacional para fortalecer el sistema de atención de personas afectadas por accidentes de tránsito.
Además, ya está listo el texto final del proyecto de decreto sobre el manejo eficiente de los recursos públicos referentes a excedentes de liquidez de las entidades de gobierno por parte del Tesoro Nacional.
A estas iniciativas se suman tareas propias de la organización institucional para garantizar la operación del Ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas. Todo en su conjunto se ha desarrollado en los primeros 30 días para que la política manejada por el Ministerio contribuya al propósito de que la democracia gane legitimidad a través de la justicia social.
