La red alteraba los alimentos en mal estado que, al parecer, estaban destinados a Programas de Alimentación Escolar.
En un trabajo investigativo y articulado entre la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Invima lograron la captura de 12 personas en Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, que presuntamente alteraban la fecha de caducidad de los alimentos en mal estado y presuntamente los distribuían en los Programas de Alimentación Escolar, PAE.
“La Fiscalía General de la Nación lideró la investigación que permitió impactar una red que sería responsable de alterar y comercializar alimentos de la canasta familiar, productos de aseo y medicamentos vencidos con proveedores del PAE y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, dijo Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación.
Anotó que gracias a la articulación en conjunto con el Ejército Nacional, el Invima, la Secretaría de Salud y peritos especializados fueron ubicadas tres bodegas en Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, donde fueron encontradas 80 toneladas de productos en malas condiciones sanitarias y con fecha de caducidad alteradas.
“En las diligencias fueron capturadas 12 personas, presuntamente responsables de adquirir insumos deteriorados en los puertos de Cartagena y Barranquilla, al igual que en grandes superficies, para luego alterar sus fechas de vencimientos y ser mezclados con productos de baja calidad, para luego ser comercializados, poniendo en peligro la salud de la comunidad”, agregó Jaramillo Rivera.
Así, manifiestan, les daban apariencia de originalidad. Pero además de eso, eran reempacados sin las mínimas condiciones de higiene.
La funcionaria dijo que los peritos establecieron que, para algunos insumos como leche y fórmulas infantiles, aparentemente utilizaban empaques de marcas reconocidas en los que envasaban barreduras de leche (sobrantes que salen de las bodegas de almacenamiento en puertos) o lácteos en polvo de baja calidad.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades, los delitos de: corrupción de alimentos, productos médicos y material profilácticos; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias; usurpación de derechos de propiedad industrial y concierto para delinquir”, precisó Jaramillo.