A los líos con la justicia que han mantenido a Piedad Córdoba en el ojo del huracán, se le sumó uno nuevo desde Estados Unidos. En una carta firmada por los congresistas estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio, que además son de los más influyentes de ese Congreso, se exige regresar a las Farc a la lista negra de ese país y sancionar a la senadora electa por el Pacto Histórico por sus presuntas relaciones con grupos armados.
Este nuevo golpe pone a tambalear a Piedad Córdoba, quien se la ha pasado de escándalo en escándalo desde su regreso a la política con el aval de la Colombia Humana. Actualmente, la senadora tiene por lo menos cuatro procesos judiciales que la relacionan a ella o a su familia.
Los dos más pesados tienen que ver con el con el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, y con su rol como mediadora para lograr la liberación de secuestrados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Sobre Saab, asambleístas ecuatorianos entregaron un documento de 125 páginas en el que aseguran tener pruebas sobre cómo Córdoba interfirió en la política nacional para favorecerlo a él y a sus presuntos negocios ilícitos. Mientras que sobre los secuestrados existe la teoría –sembrada por uno de sus exasesores– de que ella retrasaba la liberación a propósito para presionar al gobierno y solicitar más beneficios a cambio.
De esto último habría sido víctima Ingrid Betancourt, cuya liberación habría sido retrasada en varias ocasiones por tratarse de una persona mediática, según lo aseguró el exasesor de Piedad Córdoba, Andrés Vásquez, ante la Corte Suprema de Justicia.
Los otros dos procesos tienen que ver con su hermano, Álvaro Fredy Córdoba, quien fue detenido por presuntos líos con narcotraficantes y está en proceso de extradición; y con 68.000 dólares que le hallaron en su maleta cuando intentaba salir de Honduras por los que aún está dando explicaciones sobre por qué no declaró, como indica la vía legal, y por qué llevaba tanto efectivo para un viaje de rutina.
El pedido de EE.UU.
El documento expedido por los congresistas Cruz y Rubio aún no ha sido publicado de manera oficial por el Congreso estadounidense, pero busca “exigir la reimposición de sanciones respecto a las Farc”, como reza en uno de los apartados que se filtró a los medios.
Tras el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, dicho grupo desmovilizado dejó de ser un peligro para la sociedad colombiana y, por ende, fue eliminado de la lista de terroristas de la Casa Blanca.
Ahora, lo que buscan los congresistas republicanos es que ese nombre vuelva a figurar en el listado de enemigos del gobierno estadounidense y que, además, se generen sanciones contra Córdoba y otros personajes relacionados con las entonces Farc como el senador Rodrigo Granda y la senadora Sandra Ramírez.
Hasta ahora, la senadora Piedad Córdoba –que se encuentra recuperándose de un quebranto de salud– ha negado todas las acusaciones e insistido en que se trata de persecuciones políticas.
