Los 12 imputados previamente hicieron un reconocimiento por escrito. Tres de los imputados más que no reconocieron su responsabilidad, no asistieron a la audiencia y se enfrentan a un proceso, en el que de ser hallados culpables, pueden ser condenados hasta 20 años de cárcel.
Por su parte, los 3 imputados adicionales en este caso que no aceptaron su responsabilidad son: el coronel (r) Publio Hernán Mejía y los tenientes coroneles (r) Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz, cuyos casos se enviaron a la UIA para dar trámite al proceso adversarial.
Según los hallazgos de la Sala de Reconocimiento de Verdad, 127 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate en el norte de#Cesar y sur de La Guajira entre enero de 2002 y julio de 2005 por estos integrantes del batallón la Popa.
Entre las víctimas la Sala de Reconocimiento halló que 12 eran indígenas pertenecientes a los pueblos kankuamo y wiwa de la Sierra Nevada. De ellos tres eran jóvenes wiwa, incluyendo una niña de 13 años en estado de embarazo.
En la apertura de la diligencia, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes recordó las palabras de Francisco de Roux, presidente de la Comision de la Verdad al presentar el Informe Final hace unas semanas:
«¿Dónde estábamos mientras se cometían estos actos bárbaros, estos crímenes de lesa humanidad y de guerra? ¿Por qué los toleramos durante tanto tiempo, por qué se repiten?».
A continuación, Cifuentes resaltó que «la Jurisdicción está acumulando como ninguna otra instancia en Colombia toda la información, todo el saber sobre el conflicto armado interno y su poder de contrastación es muy importante para resguardar estos espacios».
Y añadió el presidente de la JEP que estos son «espacios inéditos, espacios que resultaban inviables en el pasado y que no tienen parangón en la historia del derecho comparado en lo que tiene que ver con delitos y crímenes de lesa humanidad».
El magistrado Cifuentes indicó que «lo importante, cuando estamos recorriendo este camino y reivindicando este espacio de verdad y de dignidad (…) es señalar que una vez se obtenga esta verdad tiene que impulsarse cada uno de los mecanismos propios del sistema restaurativo».
Finalmente indicó: «Es el momento de la verdad, pero también de la restauración de las víctimas. Estos hechos no se pueden postergar. No se trata simplemente de producir un efecto de estremecimiento de una consciencia atormentada en el país. Es el momento de restaurar».
A continuación, ingresó el magistrado Óscar Javier Parra relator del subcaso Costa Caribe y las magistradas co-relatores del Caso03 Belkis Izquierdo y Julieta Lemaitre, además del magistrado Alejandro Ramelli, quienes presiden la audiencia en esta primera jornada.
El magistrado Parra invitó a iniciar la jornada con un ritual de armonización a cargo de los pueblos kankuamo y wiwa. A continuación, las autoridades espirituales procedieron con un ritual para preparar el espacio dispuesto para esta diligencia.
El magistrado Óscar Parra reiteró que «esta es la oportunidad para que los máximos responsables reconozcan públicamente, frente a las víctimas y el país su responsabilidad en el plan criminal para asesinar y desaparecer a 127 personas que fueron presentadas como bajas en combate».
En el primer patrón se configuró el asesinato de personas señaladas de ser integrantes de grupos armados o delincuentes comunes sin que mediara combate alguno y sin verificar esos señalamientos. Estas acciones se dieron en el marco de una alianza con los paramilitares.
Luego, pasaron a identificarse los familiares de las víctimas presentes en la audiencia, quienes vienen de diferentes municipios del norte de Cesar y el sur de La Guajira.
🗓️Hoy los asistentes a la diligencia lo hacen como parte del primer patrón criminal identificado por la JEP pic.twitter.com/eLxE5IdVPR— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 18, 2022
La magistrada arhuaca Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento, tomó la palabra para reconocer el valor de los enfoques diferenciales étnicos y territoriales que se tuvieron en cuenta en este subcaso.
La magistrada Izquierdo agregó que esta audiencia «es un escenario restaurativo donde se mueve el dolor y el sufrimiento, pero principalmente se mueve la verdad que debe contribuir a la sanación y la reconciliación de las víctimas en sus territorios».
La magistrada Izquierdo agregó que esta audiencia "es un escenario restaurativo donde se mueve el dolor y el sufrimiento, pero principalmente se mueve la verdad que debe contribuir a la sanación y la reconciliación de las víctimas en sus territorios". #JusticiaParaLaCostaCaribe pic.twitter.com/AJyZuQMRtR
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En su intervención, Pedro Loperena, autoridad delegada del pueblo wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, destacó que este tipo de espacios «no hubiesen sido posibles sin el Acuerdo de Paz y si el pueblo no hubiese superado el miedo de reclamar sus derechos», aseguró.
Tenemos más de 20 años llorando y recordando estos episodios amargos. Y vamos a llorar y tendremos que consolarnos a nosotros mismos. Tendremos que secarnos nuestras propias lágrimas porque nadie más lo hará por nosotros», afirmó el comisionado wiwa, Pedro Loperena.
«Pido permiso a los padres y madres espirituales de este territorio ancestral y sagrado de los cuatro pueblos de la Sierra. También a esos hermanos y hermanas mayores que han partido y que desde la ancestralidad nos acompañan», dijo Jaime Luis Arias, cabildo gobernador kankuamo.
Por su parte, Jairo Acosta, delegado de la @PGN_COL, dijo que "el Ministerio Público quiere visibilizar a las víctimas de este aparato criminal (…) a quienes se les negó el deber constitucional de protección precisamente por (quienes estaban) llamados a garantizarla". pic.twitter.com/DSRaS6FiPF
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