Este jueves, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2022 -celebrada en la Universidad Libre de Cali, sede Valle del Lili- el titular de la cartera, Wilson Ruiz Orejuela, destacó los principales logros de la entidad y de sus cuatro entidades adscritas: la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Superintendencia de Notariado y Registro. “Resaltamos los esfuerzos realizados por este Ministerio en articulación con las entidades del sector, que aportaron para el fortalecimiento del sistema de justicia con el objetivo de formular políticas públicas que permitan la construcción de una justicia pronta, eficiente y cercana al ciudadano, el acceso a la misma y la garantía de los derechos”, señaló el alto funcionario.
En el evento, Ruiz Orejuela destacó en primer lugar la labor del programa ‘Familias Fuertes, Amor y Límites’, que aseguró, ha beneficiado desde 2021 a 45.616 núcleos familiares de 283 municipios en 30 departamentos (cerca de 170.000 personas). “En el marco de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas estamos enfrentado el problema de las drogas con un programa que busca integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza”, indicó.
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El Ministro también se refirió a la entrega, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, de 51.042 títulos de propiedad a familias de escasos recursos que no tenían vivienda y que ahora son propietarias. Y confirmó que el gobierno del presidente Iván Duque ha realizado 724 extradiciones, 387 de ellas en los 22 meses que él lleva como jefe de la cartera de Justicia.
Igualmente, hizo énfasis en que después de 25 años se aprobó el proyecto de Reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que establece el marco normativo para la transformación digital de la Rama Judicial.
“Esta ley, aunada al crédito que por 500 millones de dólares logró el Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo, permitirá la modernización de la administración de justicia, logrando que el expediente digital sea una realidad”, afirmó, y a continuación destacó los logros alcanzados en lo relacionado con el Sistema Penitenciario y Carcelario.
“Entregamos cerca de 5.000 cupos carcelarios y dejamos proyectada la entrega de unos 9.000 más, y en materia de hacinamiento pasamos de un 54,5% a un 16,7% en agosto de 2021. Hoy esta cifra se ubica en el 20,2% debido al número de privados de la libertad que han llegado desde los centros de detención transitoria. Y gracias al trabajo del INPEC logramos que 39.629 de los privados de la libertad del país estén involucrados en actividades de educación y 48.720 con temas de trabajo”, explicó.
Así mismo, el jefe de la cartera de Justicia manifestó su complacencia por la expedición del Decreto 811 de 2021 y su regulación con las resoluciones 227 de 2022 y 539 de 2022 para el acceso seguro e informado del uso del cannabis con fines medicinales y científicos. “Se han aprobado 2.410 licencias para el cultivo de cannabis no psicoactivo, psicoactivo y semillas para siembra, abriendo las puertas a una industria que genera empleos, atrae inversión y apoya la reactivación económica”, aseguró.
El alto funcionario destacó los 17 proyectos de ley que radicó ante el Congreso de la República el Viceministerio de Promoción de la Justicia, y el impulso y fortalecimiento que dio esta dependencia a las herramientas digitales Suin-Juriscol y LegalApp, a las comisarías de familia y a los métodos formales y alternativos de justicia.
De la labor del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Ruiz Orejuela resaltó el diseño y aprobación del Plan Nacional de Política Criminal, primera política integral de Estado para la lucha contra la criminalidad, la protección de derechos ciudadanos y la prevalencia del imperio de la ley en el territorio nacional.
De la misma manera, destacó la implementación y consolidación del primer Observatorio de Justicia Transicional de Colombia, cuyo objetivo es hacer seguimiento a la política pública en la materia y a las garantías de los derechos de las víctimas en el marco del conflicto armado.
“El Ministerio de Justicia continuará trabajando en el fortalecimiento del sistema de justicia a partir de la formulación de políticas públicas que aseguren el acceso, el liderazgo en la reducción del problema de las drogas y del delito y la gestión contra la criminalidad y la reincidencia. Así, en el marco del Estado Social de Derecho, buscaremos proveer una justicia pronta, eficiente y cercana al ciudadano”, puntualizó.
