El máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, habló ante la Jurisdicción Especial para la Paz de varios nombres que habrían colaborado con la organización criminal.
En medio de sus declaraciones salpicó al candidato presidencial Luis Pérez, quien supuestamente se reunió con él varias veces. Por tal motivo, la JEP compulsó copias a la Fiscalía para que indague si las palabras del extraditable son ciertas.
De ser así, el exgobernador de Antioquia estaría metido en líos jurídicos, pero no es el único. En total hay una lista de 63 personas –excongresistas, militares y exfuncionarios– que habrían tenido alguna cercanía con Otoniel y el paramilitarismo desde comienzos del 2000 hasta 2019, fecha en la que delinquía bajo el Clan del Golfo.
Entre los destacados nombres están los de los exministros Sabas Pretelt, los exsenadores Milton Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas, y el del exdirector del DAS Jorge Noguera.
Así mismo, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de Cartagena fueron señaladas de cooperar con el grupo armado. La primera rechazó tales acusaciones, mientras que la otra recalcó que “los hechos mencionados ocurrieron en el año 2002 y fueron objeto de investigación y juicio ante las instancias competentes”
Todos ellos aparecen en 17 páginas que están en manos de las autoridades, con material recaudado en tres audiencias que rindió ante la JEP el hoy extraditable.
Estas las pudo adelantar luego de varias dificultades que tuvieron los magistrados con la Dijín, ya que estos últimos alegaban que había serios indicios de un plan de fuga por parte de “Otoniel”.
Esos problemas también los hubo con la Comisión de la Verdad, entidad que intentó entrevistarlo para esclarecer hechos en los que él tuvo participación dentro del conflicto armado.
Los salpicados
La compulsa de copias tiene un total de 17 páginas y contiene apartados textuales de las tres audiencias en las que Úsuga habló ante la JEP: una primera el pasado 23 de marzo y dos últimas el 19 y 20 de abril.
En ellas, según la Jurisdicción, Otoniel hizo afirmaciones “relevantes” que presuntamente demostrarían diversas “asociaciones entre el Ejército nacional, autoridades políticas y terceros con la organización criminal a la que pertenece el testigo y que afectan contra la administración y la seguridad pública”.
Sobre el candidato Luis Pérez, por ejemplo, el exjefe del Clan del Golfo aseguró que el entonces exalcalde de Medellín visitaba constantemente a Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, un exparamilitar que fue condenado a 31 años de prisión por ingreso y distribución de cocaína en Estados Unidos.
“Él (Pérez) iba allá (Urabá) a visitarlo y a colaborarle en cosas de información y apoyo pero no apoyo militar y financiero sino a coordinar en Medellín. Porque cuando estaba en Medellín ellos eran muy allegados, muy amigos, le colaboraban, él decía que era ayudarle a coordinar… pa que la gente de Urabá llegara a la ciudad para irse ubicando en Medellín en el conflicto en esa época”, dijo Úsuga.
Sobre esto, el candidato presidencial negó haber sido amigo de las AUC y haber estado en Urabá entre los años 2003 y 2015, fechas en las que centran las declaraciones de Otoniel. Pese a eso, Pérez no negó haberse reunido con algunos ex . paramilitares de la época. Según él, sí pudo haberse “reunido con desmovilizados del expresidente Álvaro Uribe”, pero “todas esas reuniones eran legales y son hechos que ya fueron investigados por la Fiscalía” sin hallar irregularidades.
De igual modo, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de Cartagena fueron acusadas de cooperar con dichos grupos armados. Mientras que la primera negó las acusaciones y dijo que confía “en la justicia y sus instituciones” para esclarecer este tipo de circunstancias, la segunda reconoció que “los hechos mencionados ocurrieron en el año 2002 y fueron objeto de investigación y juicio ante las instancias competentes” , por lo que según esa entidad “el hecho es cosa juzgada, y atiende a la responsabilidad personal de funcionarios de la época y no involucra el buen nombre de la institución”.
Otros de los salpicados por Úsuga ya fueron condenados por hechos similares o, incluso, murieron recientemente.
El exdirector del DAS, Jorge Noguera, actualmente paga dos condenas: una de 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis, ejecutado por los paramilitares al mando de ‘Jorge 40’, y otra de siete años por las “chuzadas” ilegales.
Por su parte, el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt –a quien Otoniel acusa de ser cercano al exparamilitar Vicente Castaño–, fue condenado por compra de votos.
En contraste, el exGobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez Suárez, quien supuestamente habría pactado colaboraciones con el Clan del Golfo, murió en marzo de 2020 sin una investigación sobre dicho caso.
Por ahora, será la justicia ordinaria la encargada de analizar las acusaciones del exjefe paramilitar y determinar si dichos políticos y exfuncionarios tienen responsabilidad con la ayuda y financiación a grupos paramilitares