Por cuenta del preacuerdo que se firmó este martes entre la Fiscalía y Enrique Vives Caballero, el empresario pagará 7,6 años de cárcel luego de atropellar a 7 personas, 6 de las cuales fallecieron.
Los hechos se registraron el pasado 13 de septiembre y se corroboró que Vives estaba manejando su camioneta en estado de alicoramiento en las goteras de Santa Marta.
Este preacuerdo, que incluso le permitió a Vives asegurar el pago de la condena bajo la figura de casa por cárcel, también incluye que el compromiso de no volver a manejar ningún vehículo mientras se luego de beber bebidas embriagantes.
Además, de acuerdo con información de medios locales, en la noche de este martes fue traslado de inmediato a su vivienda, ubicada en el exclusivo sector de Pozos Colorados. Todo esto, en plata blanca, se traduce en que el proceso penal queda cerrado y no se requiere ir a la etapa de juicio.
A esto se le debe sumar que la aseguradora del carro de Vives ya logró el pago de indemnizaciones a las familias de 5 de las 6 víctimas mortales, y se encuentra en negociaciones con los allegados de esta última. De hecho, se está en un proceso similar con los representantes de la persona que sobrevivió, un menor de 14 años.
En septiembre pasado, la defensa de Vives ofreció una indemnización de 4.000 millones de pesos a las familias de las víctimas, la cual sería pagada a través del seguro todo riesgo del carro.
Esto, según información dada a conocer en el momento, se realizó a cambio de retirar los cargos que pesaban contra el empresario.
Uno de los elementos más polémicos de este expediente judicial, que causó revuelo en todo el país, es que la defensa del empresario logró que le avalaran la tesis de que no se le hizo prueba de alcoholemia a través de Medicina Legal –jurídicamente conocida como clínico-forense– al momento del accidente.
Lo que dijo es que sí se le hizo una prueba que arrojó grado 3 de ebriedad en ese momento, pero no a través del conducto regular que vendría siendo la mencionada entidad. Y, por el contrario, sí se les practicó a las víctimas mortales en exámenes posteriores, encontrando que habían bebido al momento de caminar por la orilla de la carretera cuando se registró el accidente.
Lo que dijo es que sí se le hizo una prueba que arrojó grado 3 de ebriedad en ese momento, pero no a través del conducto regular que vendría siendo la mencionada entidad. Y, por el contrario, sí se les practicó a las víctimas mortales en exámenes posteriores, encontrando que habían bebido al momento de caminar por la orilla de la carretera cuando se registró el accidente.
Esto se traduce en que lo que comenzó como un polémico caso judicial de un posible borracho al volante, derivó jurídicamente en un trágico accidente.
“La persona acusada mantuvo una posición de ayuda y ejerció por medio de su equipo de abogados una buena gestión que hizo posible un pago oportuno y efectivo. En este tipo de casos, el proceso normalmente demora, sin embargo, se puede decir que fue una indemnización en un tiempo récord”, manifestó a El Tiempo Rodrigo Martínez, abogado de la familia Romero, que vio morir a dos de sus integrantes.
Los jóvenes que fallecieron fueron Rafaela Petit, María Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Juan Diego Alzate y los hermanos Camila y Lenoir Romero. Además, resultó gravemente herido un menor de edad.
La Fiscalía General le imputó a Vives Caballero cargos por delito de homicidio bajo la modalidad de dolo eventual y tentativa de homicidio. Igualmente, el fiscal Mario Burgos aseguró durante la audiencia de adición de imputación que el empresario condujo bajo grado 3 de alcohol al momento del accidente.
Por esto, la indemnización para cada familia llegó luego de que la aseguradora del vehículo hiciera efectiva la póliza. De acuerdo con lo que le dijo Martínez al medio nacional, se destinó un monto determinado para cada caso y se firmó un documento que prohibiría revelar la suma recibida.
“La aseguradora se basó en una tabla donde se especifica la condición del afectado, es decir, que la suma de dinero dependió de la edad, personas a cargo y otros aspectos importantes”, le dijo Martínez a El Tiempo, quien además aseguró que las familias solicitaron a la Fiscalía “que modifique la conducta judicial de dolo eventual a homicidio culposo por la cual deberá responder”.
Sin embargo, según Blu Radio, el padre de una de las jóvenes fallecida –Alex Lima– aseveró que todavía no ha llegado a un acuerdo con la aseguradora, “pues considera que el ofrecimiento económico no es justo”, expuso en el medio nacional.
El paso a seguir ahora es que la Fiscalía acoja o prescinda de la solicitud de las familias, pues aún está la posibilidad de que el ente decida continuar el juicio con las pruebas recogidas y lo señale, finalmente, como responsable del siniestro. La audiencia preparatoria está citada para el 3 de marzo.
