Por presunta violación de topes de campaña, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron ponencia en la que piden abrir una investigación y formular cargos al presidente Gustavo Petro y al entonces gerente de la misma, Ricardo Roa.
Los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz han presentado un extenso documento que recoge varios meses de investigación tras la que, a su consideración, concluyen que existen argumentos suficientes para determinar que Pacto Histórico violó los topes salariales de campaña permitidos por la ley, recoge RCN Radio.
El Consejo Nacional Electoral ha encontrado inconsistencias en la información de los aviones en que fueron transportados Petro y su círculo cercano a varias ciudades del país a lo largo de 2022. Asimismo, se busca indagar sobre el pago a más de 60.000 personas que sirvieron de testigos electorales de Pacto Histórico.
Los magistrados del CNE deberán votar sobre si deciden formular cargos en contra del presidente Petro. En caso afirmativo, se dará comienzo a una investigación formal sobre el posible delito de financiación ilegal de la campaña electoral.
Ahora lo que viene es que la sala plena, integrada por 10 magistrados, 9 con derecho a voto, pues Pablo Cruz está en representación de Comunes, el Partido que surgió tras la desmovilización de las Farc, y hace presencia allí producto del Acuerdo de Paz, pero no puede sufragar, voten si acogen o no la ponencia, para que esto prospere se necesita al menos cinco respaldos.
Petro reacciona
A través de su cuenta de X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión del CNE y lo calificó como golpe blando.
«Ha comenzado el golpe blando. Como se lee en este artículo siempre parcializado de la revista (Semana) pueden ustedes observar que donaciones a partidos, tales como las que hizo Keralty al centro democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña», trinó el mandatario.
Adicionalmente, agregó que «ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones».
Cuentas
Para la segunda vuelta presidencial en 2022 el tope establecido por el Consejo Electoral fue de $13.000 millones, pero según la ponencia este límite fue superado en más de $6.000 millones que no habrían sido reportados por la campaña.
Entre las pruebas está el pago a cerca de 60.000 testigos electorales del Pacto Histórico en todo el país para la segunda vuelta en junio del 2022, que no fue reportado. Una de las empresas por medio de la cual se hizo este pago envió al Consejo Electoral un reporte en donde se evidencia que cada persona recibió por transferencia $60.000.
También están los soportes de la aprobación que hizo la USO, el sindicato de los petroleros, de un aporte de $600 millones a la campaña, que habrían sido empleados el día de las elecciones en segunda vuelta en transporte y alimentación de simpatizantes y colaboradores.
Otra de las pruebas que tuvieron en cuenta los magistrados Prada y Ortiz es un cheque por $500 millones que donó Fecode, el sindicato de los maestros al servicio del Estado, al Partido Colombia Humana, pero que finalmente habrían recalado en la campaña.
También el organismo electoral tiene documentación por el pago de vuelos a diferentes regiones que hicieron integrantes de la campaña, entre ellos Gustavo Petro y la hoy vicepresidenta Francia Márquez, gastos que no habrían sido plenamente reportados.
