Por unanimidad y en el cuarto y último debate en el Senado, fue aprobada la propuesta de que en Colombia la matrícula para realizar un pregrado en alguna de las instituciones públicas de educación superior de todo el país, sea cero, sin ningún costo. Sin embargo, no es del todo un hecho, falta el aval de los Ministerios de Hacienda y Educación, así como de la sanción presidencial, para que se convierta en ley.
La iniciativa beneficiará a todos los estudiantes del país sin distinción o causal de exclusión alguna, más que su deseo por cursar una carrera en cualquier universidad pública del país. La financiación estará a cargo del Gobierno Nacional a través del Presupuesto General.
La ponencia estuvo en cabeza de la senadora María José Pizarro, la que no solo contó con el respaldo del Ejecutivo, sino del movimiento estudiantil y del profesorado, quienes participaron de la formulación del articulado, después de que entre sus reclamos en 2020, durante el estallido social en el país, estuviera el de la gratuidad de la educación, especialmente en el costo de la matricula. Consideran que de esta manera se pueden empezar a cerrar las barreras que existen en el acceso a la educación.
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Pero, ¿cómo funcionará el programa?
El dinero que cubrirá el costo de la matrícula, será girado por las entidades territoriales directamente a las universidades, pero este será un recurso que esta reciba de manera independiente a los presupuestos que ya han sido establecidos a nivel nacional y regional para el funcionamiento de las instituciones de educación superior.
El programa buscará disminuir la deserción académica, a través de la promoción de medidas y estrategias, que garanticen la permanencia y finalización de los procesos formativos de cada uno de los estudiantes, además de priorizar a los grupos poblaciones en condiciones vulnerables que hayan sido identificados a través del Sisbén IV o el Departamento Nacional de Planeación, como víctimas del conflicto armado –se agilizará el tramite para las que están registradas en la Unidad para las Víctimas–, y quienes pertenezcan a comunidades étnicas, indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, o que hagan parte de la población con discapacidad, que sean madres cabeza de familia, y jóvenes egresados de colegios con bachiller en zonas rurales del país.
Vale señalar, que el documento no menciona que los niveles de priorización puedan estar sujetos a los estratos socioeconómicos a los que pertenezca el estudiante. Aunque si resalta que será el Ministerio de Educación el que se encargará de establecer los requisitos para que los estudiantes que accedan a este beneficio, puedan continuar haciéndolo en el tiempo. Así como para quienes decidan abandonar sus procesos de formación, o no concluirlos.
