Después de mucha expectativa, la Aeronáutica Civil finalmente le dio el visto bueno a la integración entre Viva y Avianca, una operación que ha estado rodeada de polémica, toda vez que los competidores de ambas aerolíneas han manifestado preocupación por la alta participación de mercado que concentrarían las dos compañías en cuestión, una cuota que rebasa el 50%.
Sin embargo, la autoridad le puso seis condiciones a la integración.
La primera de ellas exige “que se respeten los derechos de los usuarios de Viva, se les reembolsen los tiquetes de vuelos cancelados y se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes de ejecutar”. Esto es relevante porque los vuelos se suspendieron súbitamente el 27 de febrero y quienes tenían pasajes comprados se quedaron a la deriva en los aeropuertos.
En segundo lugar, la Aerocivil indicó que será necesaria “la devolución de los slots (horarios de salida y llegada en los aeropuertos) que impliquen agravar la situación de concentración en las franjas más demandadas (prime)”.
En la tercera, la Aeronáutica Civil señaló que se debe mantener el esquema de bajo costo distintivo de Viva como opción en materia de transporte aéreo.
La cuarta es exigirles la devolución de frecuencias en la ruta Bogotá – Buenos Aires, que resulta particularmente impactada; la quinta es mantener un límite de tarifas efectivo en las rutas donde el ente integrado queda con el 100%; y finalmente, la sexta es garantizar el dinamismo en las rutas objeto de mayor concentración.
Cabe anotar que este sería solo un primer paso de cara a la polémica integración, toda vez que los competidores —que han sido reconocidos como terceros interesados—podrían apelar la decisión. O inclusive, según han explicado algunos expertos, Avianca y Viva también podrían considerar excesivas las condiciones impuestas por la Aerocivil y apelar.
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Se sabe que a Viva cada día con la operación paralizada le puede estar costando cerca de US$1 millón y, desde que presentó la solicitud para la integración, esta aerolínea ha manifestado que su supervivencia depende de esto, pues suma pasivos que superan los $4 billones.
De otro lado, hay otras aristas en este novelón que se ha desatado. Por ejemplo, hay una investigación en curso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), iniciada en diciembre del año pasado dado que, presuntamente, la integración inició en abril del año pasado sin solicitar permiso.
Además, la Superintendencia de Transporte había tomado la decisión de someter a Control a Viva, quedando a un solo paso de la temida intervención, y adicionalmente el Ministerio de Transporte comunicó en días pasados que denunciaría a Viva por estafa.
Son muchos frentes los que están abiertos todavía en este caso. Lo cierto es que, tras comunicar el visto bueno a la integración, el Mintransporte afirmó que “se realizó un balance entre la situación generada por la suspensión de operaciones de Viva, su condición operativa y la crisis materializada en el mes de febrero, así como la posibilidad de autorizar la integración imponiendo un conjunto de remedios que mitigaran las afectaciones a los agentes del mercado actuales”.
