El 31 de diciembre en la noche, los celulares de los capos de las bandas de Medellín y de los duros del Clan de Golfo en Antioquia no paraban de sonar. Todos querían saber quién había negociado el cese bilateral al fuego con el Gobierno. Pronto pudieron comprobar que nadie había negociado ningún cese y todo se trataba de un anuncio apresurado del presidente Gustavo Petro.
No solo el ELN ignoraba el cese bilateral, el Clan del Golfo y las bandas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá también lo hacían.
Las negociaciones y mesas secretas que el Gobierno ha abierto en cárceles y Medellín han caído en un desorden tan grande que en los últimos meses han crecido desconfianzas con los contactos que las bandas tienen con la Presidencia. Más de un político y de un abogado está pescando en río revuelto para ganar indulgencias entre los círculos de poder de Bogotá.
En el caso de Medellín, que es una de las piezas fundamentales de la Paz Total, por un lado está un abogado que era desconocido en la ciudad y es cercano a Daniel Quintero y a la banda La Terraza, quien por obvias razones tiene abiertos los pasillos de la Casa de Nariño; por el otro lado están los abogados del Clan del Golfo y las bandas de Bello.
A estos últimos abogados, que gozan de la autorización del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para construir los puentes de negociación, se les vio asiduamente en el Pabellón de Extraditables de la Cárcel La Picota entre noviembre y diciembre. Continúan la tarea que empezó Juan Fernando Petro —hermano del Presidente de la República— en época de elecciones cuando buscó a varios narcos presos para ofrecerles lo que se conocería como la Paz Total, una acción que pudo haberse traducido en votos.
Justo desde la Cárcel la Picota, el presidente Gustavo Petro y el Alto Comisionado Danilo Rueda recibieron en documentos privados las intenciones de paz de algunos narcos que están detrás del Clan del Golfo, las disidencias, de bandas de Bello como Los Pachelly, El Mesa e incluso del ELN —aunque en la negociación actual la guerrilla no reconoce el delito de narcotráfico—; una de las peticiones que le han hecho al presidente es que tumbe la extradición y que parte de sus procesos judiciales se negocien con las comunidades en las que era reconocidos como “figuras políticas”, que sean ellas las que determinen la pena a cumplir, razón por las que el Gobierno propone mesas de diálogo regionales.
Pese a esos acercamientos, las partes nunca hablaron de concretar un cese al fuego y por eso los capos de las bandas, tanto en la cárcel como en libertad, quedaron sorprendidos con el anuncio de Petro. No han querido pronunciarse porque esperan sacar algún provecho del momento y ven en el anuncio un reconocimiento político. Uno de ellos dice: “Creemos que el Presidente estaba muy contento por las fiestas de diciembre”.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo ayer en rueda de prensa sobre el anunció del presidente Petro y la echada al agua del ELN: “Reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de dificultad, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos a que haya una reacción de la contraparte, que hay que atender o responder de alguna manera. El terreno de las decisiones está en el ELN y lo hemos invitado a que haga una declaración de tregua verificable”.
El asunto es que un cese bilateral no se decreta, se pacta claramente. Y más que un movimiento audaz, como lo había llamado el mismo Prada, lo que hemos visto en estos primeros días del año parece sacado de un libreto improvisado. Había una tregua, pero las partes no sabían —ni siquiera el Ejército—. No solo hablamos del ELN, que inmediatamente se desmarcó porque pierde estatus en su calidad de parte en una negociación; las bandas tampoco tenían la menor idea. Lo que algunos han tratado de mostrar como un contundente golpe de opinión terminó en un bochorno.
Prada también dijo: “Bajo la dirección y coordinación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han estado estos diálogos (…) Esta declaración de cese bilateral está precedida de la petición de las comunidades para la protección de su vida. También están precedidas por las declaraciones unilaterales por escrito y reuniones presenciales en las que hemos registrado la voluntad clara de estas organizaciones de someterse a la ‘paz total’. De tal manera que con fundamento en todas estas expresiones y en las declaraciones unilaterales de cese al fuego que hicieron buena parte de ellas, tomamos la decisión”.
¿Negociar con un ELN dividido?
Tras esa avalancha comunicados contradiciéndose entre sí, el Gobierno tuvo que salir a retractarse del cese bilateral y derogar el decreto emitido apenas un día antes.
En la rueda de prensa —en la que además del ministro Prada, también estuvieron el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; y el ministro de Defensa, Iván Velásquez—, los altos funcionarios reconocieron que se trataba de un proceso de “altísimo grado de complejidad” y que, “ante las posturas del ELN” dejarían sin efecto el cese al fuego.
“Las Fuerzas Militares y de Policía conservan la plenitud de las facultades en la ofensiva frente al ELN. Esa ofensiva se mantiene plena”, aseveró Prada, quien también enfatizó en que la medida con los cinco grupos se había tomado “con fundamento en las declaraciones unilaterales por escrito y reuniones presenciales en las que las organizaciones manifestaron clara voluntad de someterse a la “paz total”.
Pero ese juego improvisado de Petro en el que parece haber metido a los cinco grupos sin su previa autorización también le salió caro al ELN. Pese a que el comunicado dejó en evidencia que el Gobierno no los había consultado para tomar la decisión, también aumentó las especulaciones sobre una supuesta ruptura al interior de la organización que no respeta las jerarquías.
Desde el principio de las negociaciones, uno de los puntos más cuestionados ha sido si la guerrilla responde a una línea de mando clara y si, en consecuencia, está alineada con el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán.
