– En versión colectiva, 21 personas que pertenecieron al antiguo Bloque Oriental de las antiguas Farc-EP, y que tuvieron diferentes niveles de comandancia, comparecieron ante la Sala de Reconocimiento de la JEP
– El caso 07 avanza en su estrategia de investigación territorial y de patrones de macro criminalidad para esclarecer la verdad de lo ocurrido a niñas y niños reclutados en el marco del conflicto.
– Las indagaciones de la Sala en el caso 07 incluyen tanto los presuntos reclutamientos y utilizaciones de niñas y niños por parte de las extintas Farc-EP, como hechos de violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidios, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes presuntamente cometidos en contra de niños y niñas al interior de las filas.
– La Sala garantizó la participación de 265 víctimas, quienes han expresado que sufrieron su reclutamiento a manos del Bloque Oriental.
– El caso 07 ha identificado 122 casos de niñas y niños presuntamente reclutados por el Bloque Oriental que se encuentran desaparecidos y ha requerido a los comparecientes apoyo en su búsqueda.
Del 8 al 12 de agosto la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llevó a cabo en Villavicencio (Meta) la audiencia de versión voluntaria colectiva del antiguo Bloque Oriental de las extintas Farc-EP en el Caso 07: Reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Esta diligencia se orientó a investigar las dinámicas y patrones macrocriminales en los departamentos donde operó el antiguo Bloque Oriental (Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés).
En ella participaron 21 antiguos mandos del Bloque Oriental: Jairo González Mora, Rodolfo Restrepo Ruiz, Rafael Antonio Vargas Ovalle, Reinel Guzmán Flórez, Bernardo Mosquera Machado, Wilmar Antonio Marín Cano, Álvaro Guaza Carabalí, Marco Fidel Sudárez Cristiano, Elmer Caviedes, Holmes Puentes Cuetía, Juan Carlos Ordóñez, Nelson Quintero, José Orlando Cortés, Jerminson Álvaro Noreña, Wladislav Aguirre Rodríguez, Desiderio Aguilar, José Erlides Delgado Novoa, Eloísa Rivera Rojas, Diller Eliseo Bernal González, Arcenio Silva Ramos y Luis Ernesto Garzón Beltrán. La Sala también abrió la participación al Ministerio Público y a 265 víctimas acreditadas en el Caso 07, quienes han expresado que su victimización estuvo relacionada con las acciones de este bloque.
En esta audiencia no solo se abordó el reclutamiento, sino también las violencias prevalentes asociadas a él que han sido identificadas preliminarmente por la Sala, tales como la violencia sexual y basada en género, la desaparición forzada y el homicidio, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se habrían cometido al interior de las filas en contra de las niñas y los niños reclutados.
La magistrada Lily Rueda recordó que, de 18.677 presuntos reclutamientos asociados a las Farc-EP de que se tiene registro, 8.987 se relacionan con la acción del Bloque Oriental. Igualmente, puso de presente que, de todas las víctimas acreditadas en el caso, el 56 por ciento fueron presuntamente reclutadas o utilizadas por este bloque. La magistrada presentó información sistematizada de los 265 relatos de víctimas acreditadas cuyos hechos estuvieron relacionados con este bloque y reveló que 70 por ciento de los reclutamientos presuntamente ocurrieron cuando eran menores de 15 años.
Durante 5 días, el despacho relator indagó a los comparecientes sobre la estructura del antiguo Bloque Oriental y sus instancias y mecanismos internos de decisión, ejecución y control en materia de incorporación de personal, particularmente de niñas y niños, y preguntó sobre las modalidades con las que incorporaron niños y niñas a las filas de las Farc-EP y las razones que motivaron estos hechos.
La Sala ha identificado preliminarmente diferentes tipos de violencias basadas en género asociadas de manera prevalente al reclutamiento de niños y niñas. Por eso, en la versión colectiva se destinó un eje específico para indagar por las directrices y prácticas de la vida intrafilas en relación con la aplicación de métodos de anticoncepción, el tratamiento de embarazos en exintegrantes de las filas, el ingreso y permanencia en las filas de niñas y niños con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa y el tratamiento de la violencia sexual.
El caso 07 también ha identificado 122 casos de niñas y niños presuntamente reclutados por el Bloque Oriental que se encuentran desaparecidos. El despacho relator requirió a los comparecientes aportes para su búsqueda y respuestas frente a las demandas de verdad hechas por los familiares.
En la audiencia, los comparecientes dieron cuenta del proceso realizado con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y presentaron un reporte sobre apoyos concretos a la búsqueda de 24 niñas y niños. Así mismo, presentaron las líneas generales de una propuesta de plan de apoyo a la búsqueda de los niños y niñas presuntamente reclutados por las antiguas Farc-EP. Esta propuesta fue comentada tanto por los representantes de las víctimas como por el Ministerio Público. El despacho les dio un mes de plazo a los comparecientes para presentar un de plan de apoyo a la búsqueda ajustado a lo discutido en audiencia.
En la diligencia, tanto los representantes judiciales de las 265 víctimas acreditadas cuya victimización está relacionada con el antiguo Bloque Oriental, como el Ministerio Público realizaron preguntas a los comparecientes y ellos las respondieron en la audiencia.
Previo a esta versión colectiva, los 21 comparecientes rindieron versión voluntaria individual. Todas las versiones rendidas serán trasladadas a las víctimas para recibir sus observaciones detalladas.
Toda la información recopilada en la diligencia será valorada por la Sala dentro del proceso de contrastación, junto con la demás información que se encuentra en el expediente judicial.
La Sala continuará con las versiones de 92 comparecientes vinculados al caso 07, siguiendo la ruta de priorización territorial, para así cubrir todo el territorio nacional y todos los demás antiguos bloques de las Farc-EP. Con la información recaudada, la Sala continuará su trabajo de contrastación para cumplir con su mandato constitucional y legal de identificar a los máximos responsables de los hechos investigados.
